¿A quién o quiénes conviene la renuncia de Rocha? ¿Su relevo por sí solo resolvería la crisis de seguridad en Sinaloa? La sabiduría popular recomienda no cambiar de jinete a mitad del río embravecido sino aventarle riatas para que se sostenga sobre la montura y llegue a la otra orilla.
Si partimos del hecho que al gobierno federal le compete por mandato constitucional resolver la violencia del crimen organizado que en las últimas décadas creció geométricamente en el país tanto en logística y estrategia como en capacidad bélica -evolución que germinó por omisión o complicidad que hoy es muy difícil de contener-, como lo evidenciaron los culiacanazos y de manera sostenida los hechos de septiembre 2024 a la fecha cuando la venganza de los hijos de Ismael Mario Zambada García afectó de manera directa a ciudadanos ajenos al conflicto, el gobernador de Sinaloa es un simple actor secundario de reparto que por supuesto no tiene ni la capacidad jurídica ni los medios para sofocar este incendio. Por supuesto, a él le corresponde proteger la vida y patrimonio de sus gobernados, pero es sumamente complicado hacerlo en medio de una confrontación armada que supera por mucho a cualquier gobierno tanto por la ventaja que tienen los delincuentes en tiempo y oportunidad como por la ausencia de tareas de inteligencia eficaces que desarticulen las acciones criminales antes de que sucedan y debiliten las estructuras financieras y logísticas que el Cartel de Sinaloa perfeccionó y fortaleció ante la complacencia e inacción de los gobiernos de las últimas décadas.
Desde el inicio de la confrontación, la mayiza exigió la renuncia del gobernador por favorecer presuntamente a sus adversarios. ¿La renuncia puede utilizarse como moneda de cambio para que este grupo desista de su venganza por el secuestro del padre y decida dejar las armas? ¿La renuncia sería el punto de partida para negociar la paz del estado? ¿La presidenta Sheimbaum estaría dispuesta a poner la renuncia sobre la mesa y sentarse con los grupos criminales cuando Trump la tiene bajo marcaje personal? ¿Quién sería el relevo todopoderoso que podría conducir este proceso y llevarlo a buen término?
Son muchas preguntas difíciles de responder en este momento, pues remover a Rocha conlleva otras responsabilidades directas e indirectas. López Obrador hizo surco de las tantas veces que vino a Sinaloa, incluyendo la visita a la madre del chapo. Trajo en dos ocasiones a la presidenta electa para comprometerla con los sinaloenses y respetar posibles acuerdos con los narcotraficantes que desde 2010 acordaron sacar a Sinaloa del top ten nacional de violencia (ese año ocupó el lugar 21 nacional, en 2019, cuando inicio el gobierno de Amlo, no estaba entre los 13 estados más violentos y en 2020 tampoco figuró en los estados con más homicidios que fueron Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco y Michoacán).
Es decir, hasta antes de la entrega del mayo, el estado vivió una larga pax narca. De manera que cumplir la petición de la mayiza y de los miles que se manifestaron en Culiacán y Mazatlán por el asesinato de la familia Sarmiento, sería admitir públicamente que la negociación con criminales es inherente al gobierno mexicano y por supuesto salpicaría de estiércol a la primera línea de la 4T, lo que políticamente es inviable, aunque no remoto.
Ya lo dijo la presidenta:
“no quieren autoritarismo, pero me piden que remueva a Rocha, hay herramientas para ello. El pueblo pone, el pueblo quita”, aludiendo a la revocación de mandato vigente en Sinaloa que el mismo Rocha ha solicitado.
Circula en redes sociales una transcripción de la supuesta conversación telefónica entre Sheinbaum y Trump, quien le dio un plazo de 3 meses para dar resultados en el combate al fentanilo o de lo contrario caerán varias sanciones contra México. Según la nota, atribuida a Latinus, la presidenta aceptó todos los términos planteados por Trump, quien a cambio extendió el plazo para aplicar aranceles a las exportaciones mexicanas el próximo primero de febrero e incrementar el flujo de inmigrantes mexicanos ilegales a la frontera norte. Otros, como el fiscal Gertz Manero, esperan más revelaciones y eventuales pruebas de Zambada García que aporten elementos contundentes para -ahora sí- consumar la renuncia del gobernador.
Durante casi medio siglo, el mayo tuvo a su cargo coordinar la logística nacional e internacional del Cártel de Sinaloa, convirtiéndolo en una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, ya fuera abriendo rutas a la exportación de marihuana, cocaína, heroína y fentanilo hacia Estados Unidos, Canadá, Europa, Asía y Oceanía como construyendo túneles o utilizando para el tráfico barcos, aviones, trenes, submarinos, avionetas, trailers, helicópteros y drones y, por supuesto, sosteniendo relaciones con funcionarios de alto nivel. A diferencia de Joaquín Guzmán, prefirió las relaciones públicas y el acuerdo a la violencia “que no le conviene al negocio”; hoy tiene una verdadera caja de Pandora que guarda los demonios desde José López Portillo a la fecha. De tal suerte que el destino de Sinaloa y del gobernador se jugará en los próximos tres meses y dependerá de la decisión de usar toda la fuerza del Estado para aniquilar a los grupos criminales en pugna y de las infidencias del narcotraficante mexicano más longevo de todos los tiempos, quien en la última etapa de su vida, como testigo protegido de Trump, tratará de preservar su imperio financiero y la impunidad de su familia. Veremos.
