Ciudad de México. Para analizar los restos humanos de las más de 52 mil personas fallecidas que permanecen sin identificar en México, sin contar los que se van sumando cada día, serían necesarios 120 años o más, debido a que los servicios forenses son insuficientes, no hay una política pública de identificación humana en relación con la desaparición de personas y varios instrumentos previstos en la ley no han sido creados desde hace más de cuatro años.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) destaca este cálculo de expertos al expresar en el informe de su visita a México su “profunda preocupación ante la crisis forense a la que se enfrenta el país”.
Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, explica en entrevista que, desde su llegada al cargo, una de las grandes limitaciones encontradas en la ley en la materia es que no da capacidades de identificación humana a las comisiones de búsqueda del país, que quedan supeditadas al trabajo de otras instancias.
“Nosotros encontramos algo, levantamos la mano, tiene que llegar el MP, se llevan los restos y ahí nosotros perdemos toda la trazabilidad. Aunque la base le toca a la fiscalía, sí pedimos información sobre los cuerpos, las identificaciones, pero la recibimos muy a cuentagotas por parte de las fiscalías”, advierte.
Para la comisionada, esta situación es reflejo de que México necesita “pensar como Estado” y avanzar en el desarrollo de capacidades nacionales de identificación.
Uno de los instrumentos esenciales para la identificación de estos restos es el Banco Nacional de Datos Forenses, previsto en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas desde 2017. Sin embargo, este no ha sido creado en más de cuatro años.
De acuerdo con el CED, Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León concentran el 71.7% de los cuerpos no identificados.
“Lo que vemos en el día a día, y lo que viven las familias de las personas desaparecidas, es que hay una apuesta de varias comisiones locales, y de varios colectivos, de hacer búsquedas de exhumación en distintas partes del país, pero después el gran problema es qué se hace con estos restos, con los cuerpos que se rescatan, quién los procesa, a dónde va la información genética y forense”, explica en entrevista María Luisa Aguilar, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
De ahí viene la relevancia de contar con un Banco Nacional de Datos Forenses, cuya operación requeriría, además, de una coordinación clara entre fiscalías locales, así como entre estas, la Fiscalía General de la República (FGR) y los órganos autónomos de búsqueda.
A esto se suma que la cifra de personas que yacen hasta hoy en fosas comunes, instalaciones de servicios forenses, universidades y centros de resguardo forense podría ser mucho mayor. La falta de un Banco Nacional de Datos Forenses impide contar con una estadística actualizada.
“La cifra oficial de 52 mil personas es un piso mínimo reconocido por el Estado. Estimamos que existen muchas más”, advertía desde agosto de 2021 el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, en el documento “La crisis forense en México: más de 52 mil personas fallecidas sin identificar”, referencia que retoma el CED en su informe. Desde entonces, el movimiento ya señalaba rezago en el análisis de muestras genéticas, extravío de muestras y comparaciones incompletas entre perfiles.
El CED rescata esta información, recolectada por la sociedad civil, porque no existe un registro oficial a nivel nacional del número de personas fallecidas no identificadas, o de los restos que han sido hallados en distintos lugares del país no solo por la Comisión Nacional de Búsqueda, sino por las comisiones y fiscalías locales. Es decir, esa cifra no incluye los cuerpos todavía no localizados ni los fragmentos de restos humanos que las familias y comisiones recogen cotidianamente en fosas clandestinas.
4 años de incumplir la ley
La Ley General establece, en su tercera sección, que el banco debería conformarse con “las bases de datos de los registros forenses de la Federación y de las entidades federativas, incluidos los de información genética, los cuales deben estar interconectados en tiempo real”. Del mismo modo, prevé su interconexión con las herramientas de búsqueda e identificación y con personal capacitado.
Su función tendría que complementarse mediante cruces de información de manera permanente y continua con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), así como con un Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas, y otros instrumentos que puedan contener información forense relevante para la búsqueda de personas.
El Banco Nacional de Datos Forenses previsto por la ley debería contar, además de con información pericial forense para la identificación de personas, con una base de datos de información genética de los familiares en primer grado en línea recta ascendente o descendente, o en segundo grado en línea colateral, de las personas desaparecidas y no localizadas, así como la de terceras personas en los casos que las autoridades ministeriales o judiciales la requieran como datos o medios de prueba.
Además, la Ley General especifica que las fiscalías y procuradurías locales deben coordinar la operación de su respectivo registro y compartir la información con la FGR, a la que a su vez le corresponde emitir lineamientos para que las autoridades de los distintos órdenes de gobierno remitan los datos de manera homologada, de forma que la FGR coordine la operación y centralice la información del banco y administre el Registro Forense Federal.
Aunque en poco más de cuatro años ese mecanismo dispuesto por ley no ha sido creado, ya ha sido enviada a la Cámara de Diputados una nueva iniciativa presidencial para crear un Centro Nacional de Identificación Humana, luego de que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, reconociera que hasta hoy no existe un censo sobre los cuerpos no identificados, ni sobre los identificados y no reclamados en las fosas comunes.
La propuesta contempla el fortalecimiento de los servicios periciales, impulsar una Norma Oficial Mexicana para el resguardo de cuerpos, compartir información forense en el noreste del país, comparar perfiles genéticos de forma masiva, así como cotejar huellas dactilares con el INE, el SAT y bancos, e integrar un banco nacional de información genética.
Para la comisionada nacional de Búsqueda, la creación de este centro es fundamental porque, además, en la reforma propuesta se les reconocerían facultades de identificación humana a las comisiones de búsqueda, lo cual es clave para ampliar sus capacidades en términos forenses.
Continúa esfuerzo legal para la creación del banco
María Luisa Aguilar, del Centro Pro Juárez, recuerda las acciones legales que la organización ha acompañado por la omisión en la creación del Banco Nacional de Datos Forenses: un amparo promovido por Olimpia Montoya, mujer que busca a su hermano desaparecido en Guanajuato, con la intención de que la FGR cumpla con las responsabilidades que establece la Ley General, y que podría ser beneficioso para todos los colectivos del país.
La demanda de amparo, según publicó Animal Político, argumenta que dicha omisión, además de desacatar una norma, en los hechos ha implicado que Olimpia y muchas familias más no puedan tener certeza de que los perfiles genéticos que han aportado a la fiscalía están siendo cotejados de forma constante y continua con todas las bases de datos genéticos de personas fallecidas no identificadas.
“La creación de este banco es una responsabilidad de la fiscalía, de acuerdo a la ley, y tendría que generar justo eso: un banco que contenga la información de los distintos estados, y que pueda ser operable en términos de que compartan esta información, y de que pueda ser revisado por todas las instituciones. Esto no ha sucedido, y este esfuerzo está ahí todavía ante el Poder Judicial. Estamos esperando a que se dé la audiencia constitucional, que todavía no se celebra, y en eso se sigue avanzando”, asegura Aguilar.
Este acompañamiento legal se debe a que la falta de creación del banco está estrechamente relacionada con los hallazgos que el CED presenta en torno a la crisis forense. Si bien en el informe se valora positivamente la creación de centros y unidades como el Centro Regional de Identificación Humana en Coahuila, la Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses en Nogales, Veracruz, la Dirección de Identificación Humana en Jalisco y el centro de resguardo forense en Guerrero, Tamaulipas, al igual que el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, el CED también llama al Estado mexicano a asegurar que ese mecanismo cuente con presupuesto, estructura orgánica e independencia necesarios para cumplir sus funciones.
Igualmente, el CED urge a avanzar con la mayor celeridad en la creación del Centro Nacional de Identificación Humana y a crear centros regionales debidamente equipados para la identificación de restos, priorizando un enfoque masivo, es decir, un sistema multidisciplinario para los casos de desaparición que analice toda la información disponible.
