Dimite secretario particular de Alfonso Durazo, hijo de Guadalupe Taddei.

Hermosillo, Son. Luis Rogelio Pineda Taddei, hijo de la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, renunció a su cargo como secretario particular del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueara cuentas bancarias del círculo cercano a la exfuncionaria electoral, en el marco de una investigación sobre presuntas operaciones financieras irregulares relacionadas con proveedores de servicios y materiales electorales.

El Gobierno de Sonora confirmó la salida del funcionario, quien permaneció aproximadamente 15 meses en el puesto, al que llegó en agosto de 2025.

Antes de incorporarse al equipo directo de Alfonso Durazo, Pineda Taddei se desempeñó como director del Centro de Investigaciones Parlamentarias del Congreso de Sonora y como consejero en la Consejería Jurídica del Gobierno estatal.

Su renuncia ocurre al tiempo que continúan las investigaciones federales sobre presuntas irregularidades en la contratación de proveedores electorales, mismas que amplían su alcance y colocan bajo escrutinio a personas del entorno familiar de Guadalupe Taddei.

Entre los señalados también figuran empresarios vinculados con contratos del INE y ocho exfuncionarios del organismo electoral, según la información difundida sobre el caso.

De acuerdo con las publicaciones periodísticas del 4 y 5 de noviembre, la UIF incorporó a 40 personas y empresas a la Lista de Personas Bloqueadas, 25 personas físicas y 15 morales. Entre los nombres identificados por fuentes consultadas aparecen Guadalupe Taddei y los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, relacionados con el suministro de materiales electorales.

La investigación financiera se relaciona con posibles irregularidades en operaciones y contrataciones de proveedores electorales durante la gestión de Taddei al frente del INE, cargo que dejó el 26 de octubre, en medio de los cuestionamientos por presuntos conflictos de interés y vínculos con empresas contratistas.