Diputados aprueban ley para unificar el registro de propiedades; la oposición advierte riesgos de control federal

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Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que expide la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, una iniciativa respaldada por la mayoría parlamentaria que busca homologar los sistemas registrales e inmobiliarios del país. El proyecto fue remitido al Senado de la República para su posterior discusión y eventual ratificación.

Esta ley propone identificar los inmuebles mediante una clave única y vincular sus datos catastrales con los registros públicos de la propiedad. La propuesta busca que las autoridades utilicen criterios comunes para actualizar información y realizar trámites relacionados con casas, terrenos y otras propiedades.

La nueva legislación establece las bases para la creación de la Clave Única Catastral y la Cédula Única Catastral y Registral, instrumentos diseñados para otorgar certeza jurídica, reducir la informalidad patrimonial y combatir delitos como el despojo, fraude inmobiliario y corrupción en el sector. La administración operativa de las plataformas y estándares técnicos estará supervisada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en conjunto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, e incluirá mecanismos de identificación mediante Llave MX y coordinación con el INEGI.

Durante el debate en San Lázaro, los grupos parlamentarios mayoritarios de Morena, PT y PVEM argumentaron que la ley impulsará la modernización sin vulnerar la soberanía local, asegurando que se trata de un esquema de coordinación integral y no de centralización de facultades.

Por su parte, los legisladores de oposición (PAN, PRI y Movimiento Ciudadano) votaron en contra al señalar que la norma vulnera la autonomía municipal establecida en el artículo 115 constitucional. Asimismo, advirtieron riesgos sobre el manejo centralizado de datos patrimoniales y fiscales, señalando la falta de asignación de recursos presupuestales federales para la infraestructura técnica que requerirán las entidades federativas y los municipios.

El dictamen recibió 324 votos a favor, 107 en contra y una abstención en lo general; en la votación particular fue aprobado con modificaciones por 299 votos a favor y 92 en contra. Posteriormente se remitió al Senado.

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