La presidenta Claudia Sheinbaum y la consejera jurídica del Ejecutivo federal rechazaron este jueves que la reforma en materia de propiedad industrial aprobada por el Senado tenga como objetivo sancionar memes, parodias o críticas al gobierno.
La presidenta Claudia Sheinbaum y la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde, rechazaron este jueves que la reforma en materia de propiedad industrial aprobada por el Senado tenga como objetivo sancionar memes, parodias o críticas al gobierno, y señalaron que el nuevo supuesto penal está dirigido al uso de elementos de identidad institucional para cometer fraudes.
“Se dice de manera engañosa que lo que se pretende es limitar los memes, la crítica, pero absolutamente nada tiene que ver esta ley con eso”, afirmó Alcalde Luján durante la conferencia mañanera del Ejecutivo federal.
Además, explicó que el objetivo de la reforma es combatir casos en los que particulares utilizan la identidad gráfica, dominios electrónicos o documentos oficiales de instituciones públicas para aparentar que una comunicación o plataforma proviene del gobierno y, mediante ese engaño, cometer otro ilícito.
La consejera jurídica puso como ejemplo páginas de internet que se hacen pasar por funcionarios del IMSS para ofrecer supuestos trámites o recalcular pensiones a cambio de depósitos.
También mencionó posibles casos de personas que utilizan la identidad de instituciones como el SAT o dependencias federales para solicitar dinero bajo el argumento de que se requiere un pago para regularizar alguna situación.
Según se informó, la redacción aprobada establece que la conducta debe realizarse “a escala comercial” y con la intención de inducir al error o engaño sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático u otra actuación atribuible a una institución pública, con la finalidad de cometer un ilícito.
La presidenta Claudia Sheinbaum y la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde, rechazaron este jueves que la reforma en materia de propiedad industrial aprobada por el Senado tenga como objetivo sancionar memes, parodias o críticas al gobierno, y señalaron que el nuevo supuesto penal está dirigido al uso de elementos de identidad institucional para cometer fraudes.
“Se dice de manera engañosa que lo que se pretende es limitar los memes, la crítica, pero absolutamente nada tiene que ver esta ley con eso”, afirmó Alcalde Luján durante la conferencia mañanera del Ejecutivo federal.
Además, explicó que el objetivo de la reforma es combatir casos en los que particulares utilizan la identidad gráfica, dominios electrónicos o documentos oficiales de instituciones públicas para aparentar que una comunicación o plataforma proviene del gobierno y, mediante ese engaño, cometer otro ilícito.
La consejera jurídica puso como ejemplo páginas de internet que se hacen pasar por funcionarios del IMSS para ofrecer supuestos trámites o recalcular pensiones a cambio de depósitos.
También mencionó posibles casos de personas que utilizan la identidad de instituciones como el SAT o dependencias federales para solicitar dinero bajo el argumento de que se requiere un pago para regularizar alguna situación.
Según se informó, la redacción aprobada establece que la conducta debe realizarse “a escala comercial” y con la intención de inducir al error o engaño sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático u otra actuación atribuible a una institución pública, con la finalidad de cometer un ilícito.
“Tiene que haber la intención de inducir al engaño o al error, la intención de cometer un ilícito y de hacerte pasar por el gobierno”, sostuvo.
Delito que no estaba tipificado
La titular del Ejecutivo federal detalló que, actualmente, pueden producirse videos en los que una persona aparece aparentemente dando instrucciones o haciendo recomendaciones que nunca realizó. Puso como ejemplo una eventual grabación falsa en la que apareciera el director del IMSS promoviendo alguna operación financiera o un video de ella misma invitando a la población a invertir dinero en una cuenta determinada.
“Eso no estaba tipificado como delito”, señaló.
Sheinbaum Pardo sostuvo que el objetivo de contar con un instrumento jurídico es permitir que este tipo de conductas sean sancionadas y, en su caso, que las personas afectadas puedan recuperar los recursos derivados del fraude.
