Ciudad de México. En los dos años de la actual administración federal, 53 servidores públicos han sido vinculados a procesos penal al incurrir en algún delito derivado de actos de corrupción.

Así lo dio a conocer esta mañana la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), Raquel Buenrostro, durante la conferencia en Palacio Nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al presentar el informe relacionado a su sector, la funcionaria detalló además que por acciones enfocadas a la prevención, la administración federal ha podido proteger cerca de 84 mil millones de pesos.

En lo referente al tema de sanciones, la secretaria indicó que en estos dos años han sido sancionados de manera administrativa 4 mil 193 servidores públicos, 3 mil 528 por faltas no graves y 665 por faltas graves.

Entre las principales faltas observadas, dijo, están el otorgar o autorizar pagos indebidos; sustraer información resguardada bajo su responsabilidad, que podría incluir datos personales; autorizar pagos por bienes o servicios que no fueron entregados; hacer compras injustificadas; falsificación de documentos y hostigamiento y acoso sexual.

Asimismo, añadió que se ha enviado al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) a mil 737 servidores públicos, de los cuales 87 ya fueron notificados como sancionados y mil 650 casos están en proceso.

En cuanto a los castigos a los particulares, Buenrostro detalló que se ha sancionado a 286 personas morales, de estos 222 inhabilitados con multa y 64 sólo con multas. Por las multas impuestas se han obtenido 147.3 millones de pesos.

Las principales faltas cometidas por los particulares son: presentación de documentación falsa; incumplimiento con sus obligaciones, es decir, tienen contrato y no entregan bienes o servicios en tiempo y forma o no los entregan; simulan experiencia técnica falsifican su currículo, cono el que tienen personal calificado y suficiente, así como la capacidad económica para tender un contrato; y ocultan conflictos de interés.

A la fecha, se han impuesto 118.5 millones de pesos por infracciones a particulares que tienen en su posesión datos de particulares. En esa área, son 51 sancionados.

“Algunas faltas administrativas son delitos y van acompañados no sólo a tribunales para sanción administrativa, sino que se envían denuncias a la Fiscalía General de la República”.

Así, dijo la secretaria, en este periodo se han presentado 517 denuncias contra servidores públicos y 53 de ellos han sido vinculados a proceso.

Los delitos más detectados son: enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones, operaciones de recurso de procedencia ilícita, fraude y peculado.

Buenrostro afirmó que por las acciones de prevención se ha podido proteger 83.8 mil millones de pesos.

De estos, 29 mil millones por procesos de mejores compras, 42.2 mil millones de pesos por seguimiento a la administración de contratos, 4.8 mil millones por sanciones y 7.8 mil millones por eficiencia en la organización de gobierno.