El recorte de recursos humanos dejó a la CEAIP sin capacidad para revisar de oficio los portales de transparencia de los gobiernos y organismos públicos de Sinaloa

La transición hacia un nuevo modelo de transparencia en Sinaloa ocurre en un escenario que preocupa a especialistas y organizaciones ciudadanas: el órgano garante estatal opera con una capacidad considerablemente menor y dejó de realizar las verificaciones de oficio que permitían comprobar si las instituciones públicas cumplían con sus obligaciones de publicar información.

La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP) enfrenta actualmente una reducción significativa de personal, luego de que el presupuesto destinado a recursos humanos disminuyera 45 por ciento durante este año. El ajuste provocó la salida de más de medio centenar de trabajadores y terminó por afectar directamente una de las tareas fundamentales del organismo: supervisar que los entes públicos mantengan disponible y actualizada la información que están obligados a transparentar.
El comisionado presidente de la CEAIP, José Luis Moreno López, explicó que la reducción de recursos obligó a desaparecer la Dirección de Verificación y Seguimiento, área especializada que tenía bajo su responsabilidad revisar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de dependencias estatales, ayuntamientos y demás sujetos obligados.
La situación es especialmente relevante porque esta labor no consiste únicamente en atender las quejas que presentan los ciudadanos. La verificación de oficio permite que el órgano garante actúe de manera preventiva y detecte por sí mismo cuando una institución incumple con la publicación de información.
Sin embargo, esa tarea dejó de realizarse debido a la falta de personal y de capacidad operativa.

De acuerdo con Moreno López, el presupuesto destinado a la nómina pasó de aproximadamente 32 millones a 15 millones de pesos. El ajuste redujo considerablemente la estructura de la institución, que actualmente concentra sus esfuerzos en la atención y resolución de los recursos de revisión que presentan los ciudadanos cuando consideran vulnerado su derecho de acceso a la información.

Una tarea que requiere especialistas
Uno de los casos que refleja con mayor claridad el impacto del recorte es el área encargada del monitoreo de los portales públicos.
Anteriormente, seis especialistas se dedicaban a revisar de manera sistemática las páginas de transparencia de los distintos sujetos obligados. Actualmente, esa estructura prácticamente desapareció y únicamente permanece una persona contratada de manera eventual para atender denuncias ciudadanas concretas.

Esto significa que la vigilancia dejó de tener un carácter permanente y generalizado para convertirse, en los hechos, en una atención limitada a los casos que llegan mediante una denuncia.

La diferencia no es menor. Revisar cientos de portales, identificar incumplimientos, comprobar la actualización de información y determinar si los sujetos obligados cumplen con las disposiciones legales requiere personal especializado, tiempo y una estructura institucional suficiente.

Sin esos elementos, la capacidad de vigilancia necesariamente se reduce.
Información que no siempre está visible
A este problema se suma la situación que enfrenta la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), debido a los procesos de migración y a las modificaciones derivadas de la nueva legislación federal.

Moreno López señaló que existen casos en los que la información que los propios sujetos obligados han cargado en los sistemas no está siendo visible para los ciudadanos, como consecuencia de los cambios y dificultades técnicas relacionados con la plataforma.

De esta manera, la ciudadanía enfrenta un doble problema: por un lado, una menor capacidad local para supervisar que las instituciones cumplan con sus obligaciones y, por otro, dificultades para consultar información que ya fue incorporada a los sistemas de transparencia.

El riesgo de un vacío institucional
La presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Raquel Sapién, advirtió que el debilitamiento de la CEAIP ocurre precisamente cuando Sinaloa atraviesa el proceso de transición hacia un nuevo esquema de transparencia.

Consideró que el proceso se está desarrollando sin el suficiente acompañamiento ciudadano y que, en medio de los cambios institucionales, existe el riesgo de afectar un derecho fundamental: conocer qué hacen los gobiernos, cómo ejercen los recursos públicos y de qué manera toman sus decisiones.
En el mismo sentido, Marlene León, directora de Iniciativa Sinaloa, cuestionó la reducción presupuestal al considerar que disminuye simultáneamente la cantidad de información disponible y la capacidad institucional para vigilar a quienes están obligados a transparentarla.

El problema, por tanto, no se limita a la desaparición de una dirección administrativa o a la reducción de una plantilla laboral. Se trata de la pérdida de capacidad para realizar una función esencial del sistema de transparencia.
Mientras Sinaloa define qué institución asumirá las nuevas responsabilidades en la materia, la CEAIP continúa operando, pero con una estructura reducida y sin una de las herramientas que durante años le permitió verificar directamente el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

La transición institucional no debería traducirse en una transición hacia la opacidad. Para garantizar el derecho a saber no basta con tener leyes y plataformas: también se requiere personal suficiente, especializado y con capacidad para vigilar que esas disposiciones realmente se cumplan.