Culiacán, Sinaloa.- Mientras miles de sinaloenses viven con miedo y expuestos todos los días a la inseguridad, la Guardia Nacional mantiene un dispositivo de protección para Imelda Castro Castro, por lo que la diputada local del PAN, Roxana Rubio Valdez, exigió conocer quién solicitó esta medida, quién la autorizó y cuál es el fundamento legal para otorgarla.

Rubio Valdez recordó que la propia Imelda Castro reconoció públicamente contar con elementos de la Guardia Nacional para acompañarla durante sus recorridos, incluso en horarios nocturnos y de madrugada. Por ello, solicitó formalmente a la corporación conocer si recibió una petición de protección, quién la presentó y si ésta fue gestionada por las dirigencias nacionales de Morena, PT y PVEM.

“¿Por qué Imelda Castro sí tiene protección federal mientras miles de sinaloenses viven con miedo? Queremos saber cuál es el fundamento legal, quién pidió esta protección y bajo qué criterios se decidió otorgarla”, afirmó.

La diputada señaló que, en Sinaloa, la inseguridad alcanza a ciudadanos de todos los sectores. Las madres buscadoras, por ejemplo, salen todos los días a buscar a sus hijos sin contar con un dispositivo de seguridad, como ocurrió recientemente con Alma Rosa Rojo, quien fue víctima de un atentado junto con su hija.

“Mientras hay madres que salen a buscar a sus hijos y ciudadanos que todos los días se enfrentan al riesgo de ser víctimas de un delito, tenemos que saber por qué se asigna protección federal a una persona que no es candidata, no está en precampaña y actualmente no ostenta un cargo público”, sostuvo.

Rubio Valdez pidió que se informe si existe una evaluación de riesgo, qué autoridad la realizó, qué criterios se utilizaron y quién determinó que la medida era procedente, particularmente porque el proceso electoral local 2026-2027 aún no inicia formalmente.

“Si existe un riesgo, que se explique; si existe un fundamento legal, que se conozca. La seguridad no puede ser una pregunta sin respuesta cuando lo que está en juego es la vida de las personas”, enfatizó.

La legisladora aclaró que su solicitud no cuestiona el derecho de ninguna persona a recibir protección cuando exista un riesgo objetivo, sino que busca transparencia sobre las razones y fundamentos que justifican el uso de recursos públicos de la Federación.