En México, miles de personas migrantes que pertenecen a la comunidad LGBT —o, en lenguaje más incluyente, con identidades diversas por SOGIESC (orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales)— buscan refugio huyendo de violencia, discriminación y exclusión tanto en sus países de origen como a lo largo de las rutas migratorias.

De acuerdo con el informe: Contabilizar para proteger: Junio 2026 recomendaciones para la visibilización estadística de personas SOGIESC en contextos de movilidad humana en México, del Instituto para las Mujeres en la Migración A.C. (IMUMI), no solo enfrentan peligros específicos por su orientación sexual o identidad de género, sino que además, sufren por la falta de registros y datos sólidos que permitan dimensionar su situación y garantizar sus derechos.

La problemática, según el documento, inicia en el reconocimiento mismo de estas personas. El sistema mexicano no las observa de manera diferenciada.

La ausencia de variables sobre SOGIESC en censos, encuestas y bases de datos migratorios estatales impide desarrollar políticas públicas efectivas que atiendan su realidad, agravando su vulnerabilidad.

El Instituto Nacional de Migración y la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas han admitido que no cuentan con datos sobre nacionalidad, edad, género y orientación sexual para describir los flujos migratorios de esta comunidad. Una omisión clave. Sin medición, no hay protección.

El recorrido comienza, frecuentemente, con la expulsión forzada por violencia generalizada, crímenes de odio, amenazas de pandillas, violencia institucional y discriminación sistemática en la familia, la escuela y el trabajo.

Solamente en Centroamérica, 543 personas LGBTIQ+ han muerto de manera violenta en Honduras en veinte años (2004-2024) y el 88% de las solicitantes de asilo de Honduras, Guatemala y El Salvador sufrieron violencia sexual y de género en sus países de origen, según ACNUR.

A esto se suma la falta de atención en México. Aunque el número de personas solicitando refugio aumenta cada año —de mil 112 solicitudes de asilo por motivos SOGIESC entre 2020 y 2025, las personas SOGIESC representan apenas el 0.21% de las solicitudes, evidencia del subregistro motivado por miedo, desconfianza en las instituciones y falta de protocolos.

Los trámites migratorios son largos e inciertos, y existen muy pocos albergues que ofrezcan atención especializada, mientras abundan los testimonios sobre violencia ejercida por autoridades y exclusión en refugios y centros de atención.

Las organizaciones civiles —como Fundación Arcoíris, Una Mano Amiga y la transactivista Alexandra R DeRuiz— documentan que el tránsito de las personas SOGIESC está marcado por la precariedad.

Las mujeres trans, particularmente, sufren violencia sexual, discriminación y se ven obligadas a ejercer trabajo sexual para sobrevivir, situación agravada por la falta de alternativas laborales y educativas. El miedo obliga a muchas personas a ocultar su identidad; quienes deciden visibilizarse, enfrentan mayor riesgo de ataques.

La integración social y la vida digna son retos casi inalcanzables: se enfrentan a discriminación en empleo, vivienda y salud.

En la mayoría de los casos, ni siquiera pueden acceder a tratamientos médicos necesarios, como hormonización para personas trans o medicamentos para personas con VIH. Esto genera aún más desplazamientos y una sensación perpetua de no tener un lugar seguro donde ser quien se es.

Todo esto ocurre mientras México y la región carecen de esfuerzos sistemáticos para generar estadísticas interseccionales y desagregadas sobre género, orientación sexual y movilidad.

Las escasas herramientas existentes —como la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) y la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS)— no recogen suficiente información sobre la experiencia LGBT en movimiento.

El resultado: una profunda invisibilidad estadística que perpetúa la discriminación y excluye a las personas SOGIESC del diseño de políticas públicas y acciones de protección, incluso cuando el marco legal nacional e internacional obliga al Estado mexicano a reconocer, proteger y respetar los derechos de todas las personas, sin distinción.

Frente a esto, el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) llama a recolectar datos específicos sobre violencia contra personas SOGIESC en todos los instrumentos estadísticos nacionales y migratorios, adoptar un enfoque interseccional y crear protocolos de atención y registro que no revictimicen ni vulneren a quienes ya sufren múltiples formas de violencia.

Enfatizaron que reconocerlas es el primer paso para protegerlas y garantizar que nadie quede atrás.