Agustín Espinoza advierte que la pérdida de rentabilidad agrícola ya impacta consumo, empleo e inversión regional.

Culiacán, Sinaloa. – La crisis de rentabilidad que enfrenta el campo sinaloense no termina en las parcelas: comienza a trasladarse hacia talleres, comercios, transportistas, prestadores de servicios, empleos y, finalmente, a la economía de los municipios, advirtió Agustín Espinoza Laguna, secretario general de la Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina (COUC) en Sinaloa, al señalar que la disminución de los ingresos y participaciones municipales debe analizarse también desde el impacto que tiene el deterioro de una de las principales actividades productivas del estado.

El dirigente campesino aclaró que sería irresponsable atribuir exclusivamente a la crisis agrícola la reducción de los ingresos municipales, debido a que existen factores económicos, fiscales y presupuestarios que inciden en ese comportamiento, pero sostuvo que tampoco puede ignorarse el peso que tiene la agricultura en buena parte de las regiones sinaloenses.

Explicó que cuando un productor pierde dinero reduce la compra de maquinaria, pospone la renovación de implementos, contrata menos servicios, adquiere menos refacciones, limita inversiones y enfrenta mayores dificultades para cubrir créditos y compromisos asumidos durante el ciclo agrícola. Ese efecto, dijo, rápidamente se multiplica fuera de la parcela.

“Cuando al productor le va mal, el problema no termina en la parcela, ahí comienza”, planteó Espinoza Laguna, al describir una cadena que alcanza a talleres, refaccionarias, transportistas, comercios y prestadores de servicios. Menor actividad en el campo significa menos trabajo para quienes participan en esa cadena y, posteriormente, una reducción del consumo de las familias. El deterioro termina reflejándose en las economías municipales mediante una menor actividad comercial, menor inversión y, por diferentes vías, una menor capacidad de generar ingresos.

El secretario general de la COUC insistió en que la rentabilidad agrícola debe dejar de considerarse un asunto exclusivo de los productores y comenzar a ser entendida como un tema de desarrollo regional. Por ello, propuso medir cuánto le cuesta a los gobiernos y a la economía permitir que la agricultura deje de ser rentable, en contraste con la pregunta que tradicionalmente se formula cuando los productores solicitan recursos para comercialización, coberturas, financiamiento o administración de riesgos: cuánto le costará al gobierno apoyar al campo.

A su juicio, la discusión debe cambiar porque la pérdida de rentabilidad también tiene un costo público y económico: disminuye la superficie sembrada, se pierden empleos, baja el consumo, desaparecen pequeños negocios, se frena la inversión y se reduce la actividad económica sobre la cual los municipios pueden recaudar. Ese costo, señaló, pocas veces aparece de manera directa en las discusiones presupuestarias, pese a que el campo genera un importante efecto multiplicador.

Espinoza Laguna explicó que una hectárea sembrada representa mucho más que el valor de la cosecha que finalmente se produce. Antes de obtener una tonelada, el productor ya movilizó recursos para adquirir semillas, fertilizantes, agroquímicos y combustible; además, contrató maquinaria, técnicos, jornaleros, transporte y otros servicios, y en muchos casos recurrió al financiamiento. Después de la cosecha continúa la cadena con la movilización, almacenamiento, comercialización y transformación.

Por ello, sostuvo que cuando cientos de miles de hectáreas entran simultáneamente en producción, la derrama económica alcanza prácticamente todos los sectores de los municipios agrícolas. El problema surge cuando, después de meses de movilizar esa cadena, el productor vende su cosecha por debajo de sus costos o termina con una utilidad insuficiente para recuperar su inversión y continuar operando en condiciones sostenibles.“Ese modelo no puede sostenerse indefinidamente”, advirtió.

El dirigente de la COUC planteó que los recursos destinados a comercialización, coberturas y administración de riesgos dentro de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 no sean considerados únicamente como gasto público. Desde su perspectiva, cuando estos instrumentos están correctamente diseñados, pueden funcionar como mecanismos de protección para una actividad que genera alimentos, empleos, inversión, consumo y recaudación.

Aclaró que la propuesta no busca que el gobierno sustituya permanentemente al mercado ni que garantice utilidades sin considerar productividad o eficiencia. Lo que plantea, explicó, es que el Estado intervenga cuando existan desequilibrios que concentran prácticamente todo el riesgo en quien produce.

El productor, detalló, compra insumos a precios de mercado, paga financiamientos a precios de mercado, contrata servicios bajo las mismas condiciones, enfrenta el riesgo climático y productivo y, al momento de comercializar, se encuentra con un mercado en el que tiene una capacidad limitada para determinar el precio de su cosecha. Esa combinación, consideró, ayuda a explicar la descapitalización que atraviesa el sector.

Por ello, Espinoza Laguna propuso una nueva forma de evaluar la política agrícola, particularmente de cara al PEF 2027. No se trataría únicamente de determinar cuántos recursos requiere un programa, sino de medir su retorno económico y social: cuánto empleo conserva, cuánta superficie mantiene en producción, cuánta inversión privada moviliza, cuánto consumo genera, cuánta actividad económica sostiene en los municipios y cuánto costaría perder esa actividad.

El dirigente campesino, dijo que una evaluación de ese tipo permitiría tomar decisiones presupuestarias con una visión más amplia y demostrar que determinados recursos destinados al sector pueden regresar a la economía mediante producción, empleo, consumo, inversión y desarrollo regional.

También cuestionó la percepción de que los recursos destinados al campo deben ser considerados automáticamente como subsidios. Recordó que cuando se destinan recursos para proteger carreteras, infraestructura energética, industrias estratégicas o instituciones financieras se habla de inversión, estabilidad y desarrollo, mientras que al proteger la producción de alimentos suele utilizarse con mayor facilidad el término subsidio.

“La agricultura no puede seguir analizándose únicamente desde la parcela. Hay que seguir el dinero que genera después de salir de ella”, sostuvo.

En ese sentido, el líder de la COUC propone que el Gobierno Federal, el Gobierno de Sinaloa, los municipios y las organizaciones de productores construyan una evaluación sobre el impacto económico de la agricultura comercial, con indicadores que permitan conocer cuánto genera una hectárea sembrada alrededor de sí misma y cuánto pierde una región cuando esa superficie deja de producir.

Espinoza Laguna consideró que esos datos deben incorporarse a la discusión presupuestaria de 2027, especialmente cuando se analicen recursos para comercialización, financiamiento, coberturas y recuperación productiva. El objetivo, dijo, es demostrar con números que mantener activa la agricultura no solamente beneficia al productor, sino que permite conservar una cadena económica que se extiende por prácticamente toda la región.

“El productor sinaloense no está pidiendo que el gobierno lo mantenga; está pidiendo condiciones para trabajar, producir, competir y obtener una rentabilidad razonable para el capital y el patrimonio que arriesga cada ciclo”, afirmó.

La advertencia de la COUC en la entidad, apunta así a un problema que rebasa los resultados de cada cosecha: si la agricultura pierde de manera sostenida su capacidad de generar rentabilidad, el impacto puede extenderse desde la parcela hasta los centros urbanos y rurales que dependen de su actividad económica.

Porque, resumió Espinoza Laguna, cuando al campo le va bien se mueve la economía de toda la región; cuando al campo le va mal, tarde o temprano, la cuenta termina llegando a todos.