Culiacán, Sinaloa.- El Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado expresó su preocupación por las denuncias de familias desplazadas por la violencia, quienes aseguran que desde hace meses no reciben despensas ni apoyos alimentarios, situación que evidencia, afirmó, la falta de continuidad y eficacia en las políticas públicas dirigidas a uno de los sectores más vulnerables de Sinaloa.

La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, Irma Moreno Ovalles, señaló que las familias desplazadas no abandonaron sus comunidades por voluntad propia, sino como consecuencia de la violencia, perdiendo su patrimonio, sus fuentes de ingreso y su proyecto de vida, por lo que resulta inaceptable que ahora también enfrenten el abandono de las instituciones.

“Una vez más vemos cómo un grupo social en condición de vulnerabilidad termina pagando las consecuencias de un gobierno sin rumbo y sin continuidad en sus políticas públicas. Las familias desplazadas fueron expulsadas de sus hogares por la violencia y hoy, además de cargar con esa tragedia, enfrentan el abandono institucional”, expresó.

La legisladora cuestionó la actuación de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable y señaló que los constantes cambios en su titularidad han impedido consolidar una política de atención efectiva para las personas desplazadas.

“¿Dónde está la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable? ¿Qué ha hecho para dar seguimiento a las familias que requieren atención permanente y no apoyos esporádicos? En esta administración ya han pasado cuatro titulares por esa dependencia, y los constantes cambios terminan reflejándose en programas inconclusos, estrategias que no se consolidan y gestiones que se quedan a medias”, sostuvo.

Moreno Ovalles consideró indispensable que el Gobierno del Estado transparente y actualice la información sobre esta problemática, comenzando por contar con un padrón real, confiable y permanentemente actualizado de las familias desplazadas en Sinaloa, que permita dimensionar la magnitud del problema y diseñar políticas públicas eficaces para atenderlas.

Asimismo, afirmó que la atención a las personas desplazadas debe ir mucho más allá de la entrega eventual de apoyos alimentarios y convertirse en una estrategia integral que les permita reconstruir su proyecto de vida.

“Las personas desplazadas no necesitan promesas; necesitan respuestas. Requieren acceso a una vivienda digna, oportunidades para acceder a un empleo formal y bien remunerado o a programas de emprendimiento que les permitan recuperar su independencia económica, además de atención médica, educación para sus hijas e hijos y un acompañamiento integral que les permita salir adelante”, indicó.

La coordinadora priista sostuvo que el Gobierno del Estado no puede actuar únicamente cuando existe presión social o manifestaciones públicas.

“El Gobierno del Estado no puede limitarse a entregar apoyos temporales cuando la presión social aumenta. Tiene la obligación de construir una política pública seria, permanente y con seguimiento para quienes han sido víctimas de la violencia”, manifestó.

Asimismo, lamentó que la falta de resultados refleje un gobierno que ha dejado de atender las necesidades más urgentes de la población.

“Ya basta de la incompetencia con la que se ha conducido el Ejecutivo. Da la impresión de que las prioridades del gobierno están puestas en otros intereses, mientras miles de familias sinaloenses siguen esperando respuestas a problemas que no pueden seguir postergándose. Gobernar es asumir responsabilidades y dar resultados, no administrar la crisis ni dejar a los más vulnerables en el abandono”, enfatizó.

Finalmente, Irma Moreno Ovalles hizo un llamado al Ejecutivo estatal para asumir plenamente su responsabilidad y garantizar una atención digna, permanente e integral a las familias desplazadas.

“La crisis de desplazamiento en Sinaloa sigue presente y las familias no pueden seguir esperando. Es momento de que el Estado asuma plenamente su responsabilidad, cuente con un padrón real de las familias afectadas y garantice condiciones para que puedan acceder a una vivienda, a un empleo digno y oportunidades de emprendimiento que les permitan reconstruir su vida con dignidad”, concluyó.