La propuesta surge después de que una reforma constitucional facultara al Congreso para emitir una legislación nacional sobre feminicidio.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó una iniciativa de Ley General contra el Feminicidio que será enviada al Congreso y que busca unificar en todo el país la definición de este delito, homologar las investigaciones y evitar que las muertes violentas de mujeres sean clasificadas erróneamente como suicidios u homicidios.

La propuesta surge después de que una reforma constitucional aprobada en mayo facultara al Congreso para emitir una legislación nacional sobre feminicidio, un delito que actualmente es regulado de manera distinta en los 32 estados del país.

“Esta ley lo que hace es garantizar que en todas las fiscalías se trabaje igual el delito de feminicidio. Evitar al máximo que pueda ser catalogado como suicidio”, afirmó la mandataria durante su conferencia matutina.

Sheinbaum Pardo sostuvo que, pese a la reducción de los feminicidios en los últimos años, muchas de estas agresiones siguen sin recibir sanción.

“En nuestro país, aun y cuando van disminuyendo los feminicidios, todavía se cometen feminicidios. Y muchos de ellos lamentablemente siguen sin sanción”, señaló.

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que la nueva ley responde a problemas detectados en las investigaciones y en la clasificación de los casos, ya que los 32 estados regulaban el feminicidio de forma diferente.

Además, advirtió que existían “deficiencias en los procesos de investigación, la incorrecta clasificación de delitos violentos, falta de análisis de contexto de violencias, ausencia de estándares con perspectiva de género que generaban muchas veces pérdida de indicios y subregistros de feminicidios, delitos que se catalogaban como homicidios cuando realmente se consideraban feminicidios”.

La iniciativa establece una definición única para el delito y fija penas homologadas de entre 50 y 70 años de cárcel en todo el país, además de 19 agravantes que permitirán incrementar las sanciones en determinados casos.

Entre ellas se encuentran que la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, embarazada, persona con discapacidad, periodista, defensora de derechos humanos o migrante, así como cuando existan ataques con ácido o sustancias inflamables.

La titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Maribel Bojorges, destacó que uno de los principales cambios será la creación de protocolos obligatorios para todas las fiscalías del país, que deberán incorporar la perspectiva de género, análisis de contexto de violencia, preservación adecuada de indicios, entre otras cosas.

La iniciativa también contempla la creación de un Registro Nacional de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, así como medidas de reparación integral del daño y atención especializada para víctimas indirectas.

Por último, Sheinbaum defendió que la legislación busca garantizar “cero impunidad frente al delito de feminicidio” y aseguró que representa un paso para combatir “la peor forma de discriminación de trato indigno hacia una mujer”.