El 2 de junio, a las seis de la mañana, tres hombres armados y encapuchados llegaron a una casa en la colonia Primero de Mayo, en Nanchital, Veracruz, y empezaron a golpear la puerta con un marro. Adentro estaba Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora de un portal local llamado Pulso Informativo del Sureste, y su hermano, que les gritaba que se detuvieran, que había una bebé ahí dentro. La familia grabó el momento en que los hombres vestidos de negro reventaban la puerta a golpes, mientras Roxana alcanzó a captar parte de la escena con su propio celular antes de que uno de los agresores se lo arrebatara de las manos. El video se volvió viral en cuestión de horas. Veinticuatro días después, la Fiscalía de Veracruz confirmó lo que ya se temía: los restos hallados en un rancho de Moloacán eran los de Roxana. Extraoficialmente, sus captores intentaron disolver su cuerpo en tambos con combustible. Entre los detenidos hay cuatro policías municipales que, según la propia fiscalía, daban recursos, alimentos y apoyo logístico al grupo que la secuestró y la asesinó.
Léase de nuevo esa última frase. No fueron policías que llegaron tarde, que fallaron en proteger. Fueron policías que alimentaron y armaron logísticamente a quienes mataron a una periodista. El Estado, en su forma más literal y uniformada, estaba adentro del crimen, no afuera de él.
Y sin embargo Roxana no es una anomalía: es un nombre más en una lista que México lleva contando desde hace más de dos décadas con la frialdad de un padrón. Van 178 periodistas y comunicadores asesinados en el país desde el año 2000. Veracruz, el mismo estado donde a Roxana le tumbaron la puerta a golpes, encabeza esa lista con 34 víctimas, seguido de Guerrero con 19 y Chihuahua, Oaxaca y Tamaulipas con 15 cada uno. No hay sexenio que rompa el patrón: diez asesinatos van en lo que lleva el gobierno de Claudia Sheinbaum, cuarenta y siete en el de López Obrador, cuarenta y siete en el de Peña Nieto, cuarenta y ocho en el de Calderón. Cuatro proyectos políticos que se juraron distintos entre sí y un solo resultado idéntico: el cuerpo de quien informa sigue siendo negociable.
El comparativo internacional no consuela, hunde más. En 2025 México ocupó el tercer lugar del mundo en periodistas asesinados, solo detrás de Israel y Sudán, con seis casos documentados por el Comité para la Protección de los Periodistas. Léase también esto con calma: México comparte podio con un país en guerra abierta y con Sudán, en plena guerra civil, sin que México esté, oficialmente, en guerra con nadie. No hace falta declarar una guerra cuando el crimen organizado, coludido con policías municipales, hace el trabajo de un ejército sin que nadie tenga que firmar un armisticio.
La ONU documentó que entre 2016 y 2025 fueron asesinados 89 periodistas y ocho trabajadores de medios en México, junto con 181 defensores de derechos humanos: 376 personas en una década, silenciadas por hacer exactamente lo que una democracia dice necesitar de ellas. Y el mecanismo diseñado para protegerlas ha fallado tantas veces que ya no puede llamarse falla: es una política de simulación. Carlos Castro, periodista de nota roja asesinado en enero de este año en Poza Rica, estaba inscrito en el programa de protección para periodistas de Veracruz desde 2024. No le sirvió de nada. Roxana Guzmán ni siquiera había puesto una denuncia previa por amenazas, porque no sabía que las tenía, porque la amenaza no siempre avisa antes de tumbar una puerta a marrazos.
Lo obsceno no es solo la cifra. Es la coreografía repetida: alguien informa sobre algo incómodo —Roxana escribía sobre huevos podridos vendidos en su municipio y sobre una familia que exigía que el ayuntamiento pagara gastos médicos—, y semanas después un grupo armado entra a su casa a la fuerza mientras un familiar grita que hay un bebé adentro. Ese contraste, la ternura doméstica de una casa con una bebé y la violencia de un marro contra una puerta, es la imagen exacta de lo que este país ha normalizado: que el terror y lo cotidiano compartan el mismo domicilio.
No hay forma de cerrar este texto con una nota de esperanza porque no la hay en los hechos. El patrón seguirá operando mientras las policías municipales sigan siendo, en algunos casos, brazo logístico del crimen que asesina periodistas, y mientras un programa de protección federal siga siendo un membrete que no impide que a nadie le derriben la puerta de su casa. La pregunta ya no es cuántos periodistas más va a permitir México que maten. La pregunta es cuántas puertas más va a dejar que tumben antes de admitir que la que está rota, en realidad, es otra.
