Culiacán, Sinaloa.— En la capital sinaloense, donde las invasiones se han vuelto una constante silenciosa, la contradicción ya no se oculta: quienes reconocen actuar fuera de la ley, hoy exigen que el Estado les dé legalidad.

El dirigente de Antorcha Campesina en Culiacán, Pergentino Cortés Girón, lo admite sin rodeos. La ocupación de tres hectáreas en el predio conocido como Valle del Cardenal es ilegal. Como muchas otras. Como casi todas.

“Es una invasión igual que muchas. Toda la ciudad está rodeada de invasiones, es ilegal… me sobran dedos de la mano para contar las que hay en Culiacán”, reconoce.

El movimiento no inició esa toma, pero hoy la sostiene. Son familias antorchistas —alrededor de cien, según el dirigente— las que permanecen en el lugar, impulsadas por una necesidad tan real como el conflicto que generan: tener dónde vivir.

Pero la historia no se detiene en la invasión. Escala.

Durante los primeros días, los ocupantes se conectaron de manera irregular a la red eléctrica. La respuesta llegó tras la intervención del propietario: el corte del suministro. Hoy, dicen, tienen diez días sin luz.

“La gente tiene diez días sin luz… sí estuvieron jalando, pero el dueño intervino en CFE y ya no tienen”, explica Cortés Girón.

Aun así, la exigencia se mantiene: regularización del terreno o, en su defecto, una alternativa de vivienda. En otras palabras, que el Estado intervenga para resolver un problema que nació al margen de la ley.

El dirigente también se deslinda del cobro de cuotas a los invasores, aunque no lo descarta del todo. “Nosotros no los metimos… si alguien lo hizo, en algún momento saldrá”, señala, dejando una zona gris en medio del conflicto.

Sin embargo, desde el Gobierno de Sinaloa la postura es clara: no existen condiciones legales para regularizar predios de propiedad privada ni para introducir servicios en asentamientos irregulares.

Lejos de la omisión, la autoridad sostiene que ha intervenido. Tras la manifestación realizada este martes en Palacio de Gobierno, se propuso un censo para dimensionar el problema y explorar una posible reubicación.

El resultado: 170 familias asentadas en el Valle del Cardenal. De ellas, 95 pertenecen a Antorcha Campesina y 75 no tienen representación. Varias, además, no lograron acreditarse por falta de documentación oficial.

Las gestiones, aseguran, no son nuevas ni aisladas.

A la organización se le han asignado 13 lotes en la colonia Rincón del Parque, aunque un proceso administrativo entre CVIVE e Infonavit mantiene detenida su liberación total. También han solicitado espacios en Río Dorado, en Mocorito, donde ya hay predios asignados, pero sujetos a reasignación por falta de pago de algunos beneficiarios.

Además, existe un esquema en marcha mediante el Programa de Ahorro Previo, que contempla la adquisición de terrenos con aportación del 50 por ciento por parte de los solicitantes y financiamiento del resto. El avance, sin embargo, depende de que los interesados completen su parte.

El gobierno insiste en que la atención ha sido constante. Antorcha responde con presión.

Y en medio, una ciudad que crece desordenada, atrapada entre la necesidad social y la ilegalidad tolerada.

Porque en Culiacán, las invasiones no solo ocupan tierra. También ponen a prueba los límites de la ley.