El objetivo, señaló, es ofrecer certeza jurídica a quienes desean organizarse bajo este modelo económico, crear un padrón de cooperativas, establecer mecanismos de supervisión y transparencia, y facilitar que las distintas dependencias gubernamentales impulsen programas de apoyo sustentados en una legislación local.

En el marco del Día Internacional de las Cooperativas, que se conmemora el primer sábado de julio, el Salón de Reuniones de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado se convirtió en un espacio donde el diálogo dejó de ser un ejercicio protocolario para transformarse en una reflexión sobre el futuro económico y social de Sinaloa.

Legisladores, académicos, profesionistas y representantes del movimiento cooperativista coincidieron en una premisa: el desarrollo de las comunidades no puede depender únicamente del mercado, sino también de la organización solidaria de quienes buscan construir su propio patrimonio mediante el trabajo colectivo.

La reunión fue encabezada por el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Dr. Eligio López Portillo, acompañado por el diputado presidente de la Comisión de Hacienda Pública y Administración, Maestro Ambrocio Chávez Chávez, y por el diputado presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Movilidad, Lic. Juan Diego Aranzubia Iturrios, quienes recibieron al doctor honoris causa y maestro en Ciencia y Tecnología Educativa Eduardo Gómez González, presidente del Parlamento Nacional de Profesionistas, A.C. (PANAPROAC), acompañado por integrantes de esta organización mexicana, entre ellos la Maestra Nathalie Elizabeth Henderson Inzunza, secretaria ejecutiva estatal y nacional del PANAPROAC.

Más que la presentación de una iniciativa, cuyo proceso legislativo se encuentra en curso, el encuentro representó la continuidad de un esfuerzo iniciado años atrás y fortalecido con el Foro para la Creación de la Ley de Fomento de las Sociedades Cooperativas del Estado de Sinaloa, celebrado en Los Mochis en octubre de 2025.

Desde hace años, investigadores, juristas, académicos, artesanos, productores y representantes sociales han trabajado en la construcción e impulsado la aprobación de esta propuesta que permita dotar al estado de un marco jurídico propio para impulsar el cooperativismo.
Durante su exposición, Eduardo Gómez González explicó que la iniciativa busca armonizar la legislación sinaloense con la Ley General de Sociedades Cooperativas, pero también responder a las necesidades específicas del estado.

El objetivo, señaló, es ofrecer certeza jurídica a quienes desean organizarse bajo este modelo económico, crear un padrón de cooperativas, establecer mecanismos de supervisión y transparencia, y facilitar que las distintas dependencias gubernamentales impulsen programas de apoyo sustentados en una legislación local.

El dirigente nacional recordó que entidades como Jalisco ya cuentan con leyes estatales en la materia, mientras que Baja California Sur trabaja en una propuesta similar. En contraste, Sinaloa continúa sin una legislación específica, pese a la importancia histórica y económica que el cooperativismo ha tenido en sectores como la pesca, la producción rural, el comercio y el consumo.

Asimismo, afirmó que la propuesta no pretende confrontar al modelo empresarial tradicional, sino fortalecer un tercer sector de la economía: la economía social y solidaria. Explicó que muchas cooperativas fracasan por la falta de planeación, capacitación y acompañamiento técnico, por lo que la nueva legislación busca impulsar organizaciones profesionalizadas, sostenibles y capaces de generar riqueza para sus propios integrantes.

En el encuentro también participaron representantes de diversos sectores productivos, entre ellos artesanos sinaloenses, quienes expusieron la necesidad de contar con figuras jurídicas modernas que les permitan acceder a programas públicos, financiamiento y esquemas de organización más eficientes que las actuales asociaciones civiles.

El diputado Ambrocio Chávez Chávez, uno de los principales impulsores de la iniciativa, junto a este grupo de ciudadanos, subrayó que el propósito es establecer, regular y coordinar políticas, programas y acciones de fomento cooperativo para el desarrollo económico del estado, sin perjuicio de los programas, estímulos y acciones que a nivel federal se establecen para el mismo fin; en síntesis: fortalecer la economía social sin afectar la operación de la iniciativa privada.

“Se trata de darle fuerza a la economía social, no solamente a la empresa privada, sino también a las cooperativas de consumo, de ahorro, de producción y a todas aquellas organizaciones que generan desarrollo desde las comunidades”, expresó.

Por su parte, el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Dr. Eligio López Portillo, compartió una reflexión marcada por su experiencia personal y profesional. Recordó haber convivido durante décadas con cooperativas pesqueras y conocer de cerca tanto sus logros como las dificultades provocadas por la corrupción, la falta de organización y la ausencia de mecanismos efectivos de administración.

Lejos de descalificar el modelo cooperativo, sostuvo que precisamente esas experiencias evidencian la necesidad de construir un nuevo esquema legal que permita recuperar la confianza en este tipo de organizaciones y brindarles herramientas para convertirlas en verdaderos motores del desarrollo comunitario.

El legislador manifestó que el Congreso será un facilitador del proceso legislativo y reconoció el trabajo de investigación realizado por los promoventes de la iniciativa, el cual incorpora antecedentes históricos, estudios comparativos con otras entidades y un amplio ejercicio de Parlamento Abierto.

En ese contexto, el periodista e historiador Miguel Alonso Rivera Bojórquez, secretario nacional de Comunicación Social del PANAPROAC, ofreció una intervención en la que abordó los orígenes del cooperativismo tanto en México como en Sinaloa. Destacó que la cooperación no constituye una idea reciente, sino una práctica inherente al desarrollo de la humanidad, pues desde sus primeras formas de organización el ser humano comprendió que el trabajo colectivo representaba la vía más eficaz para garantizar la supervivencia, producir riqueza y construir comunidades.

Su participación permitió colocar el conversatorio en una dimensión histórica al recordar que, antes de convertirse en un modelo económico reconocido por las leyes, el cooperativismo nació como una expresión natural de solidaridad entre las personas.

Al concluir la reunión, legisladores y representantes del Parlamento Nacional de Profesionistas coincidieron en la importancia de continuar el análisis de la iniciativa con el propósito de que Sinaloa pueda incorporarse al grupo de entidades que cuentan con una legislación propia para fomentar las sociedades cooperativas.

La propuesta busca convertir al cooperativismo en una herramienta capaz de generar empleo, fortalecer la economía local y ofrecer nuevas oportunidades para productores, artesanos, pescadores, comerciantes y emprendedores que encuentran en la organización colectiva una alternativa para construir un desarrollo más justo, participativo y sostenible.