El colectivo indígena demanda la cancelación y clausura de la planta de amoniaco, pero también la reparación de los daños tras la tala de manglares.

La madrugada de este lunes, comunidades indígenas mayo-yoreme del colectivo ¡Aquí No! tomaron de manera pacífica e indefinida la entrada de la planta de amoniaco del grupo suizo-alemán Proman, en la bahía de Ohuira, en Sinaloa, cuya operación, aseguran, implicaría “la muerte de un área natural protegida” y “el desplazamiento de los pueblos originarios”.

“Aquí nos quedaremos el tiempo que sea necesario, tiempo indefinido, hasta tener respuesta del Gobierno federal”, afirmó el gobernador indígena de Ohuira y vocero del movimiento, Felipe Montaño Valenzuela, sobre este plantón en el que se levantaron carpas desde las 4:00 horas.

Para los pueblos indígenas de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Ríos, en la zona del puerto de Topolobampo, este es un momento histórico porque por primera vez en 12 años de resistencia contra la construcción de la planta de Gas Petroquímica de Occidente (GPO), filial mexicana del grupo suizo-alemán Proman, mantienen tomada de manera indefinida la entrada a sus instalaciones.

“Aquí no entra nadie, ese fue uno de los puntos que le explicamos al Gobierno, de que vamos a tomar las instalaciones y nadie va a pasar”, declaró Montaño, quien la semana pasada mantuvo un diálogo con la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, y la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Mariana Boy.

El líder indígena explicó que, desde la madrugada, entre 150 y 200 personas de las comunidades indígenas mayo-yoreme mantienen una ocupación intermitente en la entrada de la planta, donde enarbolan la bandera blanca del colectivo ¡Aquí No! y exigen ser atendidas por el Gobierno federal, pues aclaró que con la empresa “no se tiene ningún contacto”.

La cancelación y clausura de la megaplanta, una de las más grandes del mundo y que se encuentra a 88 % de avance, es la principal demanda, pero también la “reparación de daños” en la zona, donde ya se han talado manglares y rellenado 28 hectáreas de humedales.

“Profepa debe actuar conforme al daño causado al medioambiente y ellos (Gobierno federal) dirán cuándo; nosotros aquí estamos”, sostuvo Montaño sobre esta afectación en la bahía de Ohuira, donde se encuentra el humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira, declarado sitio Ramsar (humedal de importancia internacional).

Además, exigen que la megaplanta, financiada por el banco público alemán KfW IPEX-Bank con una inversión de 860 millones de dólares, no sea trasladada a otra zona de Sinaloa, pues rechazan que, como sostiene GPO, se trate de un proyecto de “desarrollo económico y sustentable”.

Para tomar una decisión sobre el cierre o avance del megaproyecto, Semarnat y Profepa han comunicado su intención de realizar estudios medioambientales y la revisión del cumplimiento de la normatividad. Sin embargo, Montaño dijo que la devastación es bastante clara y advirtió que existe el riesgo de dilatar la atención de un problema urgente.

Desde 2014, las comunidades indígenas mayo-yoreme han resistido en la defensa de su territorio y luchando por el derecho a ser consultadas, una batalla que ganaron cuando el caso llegó en 2022 a la Suprema Corte de Justicia (SCJN), un proceso que terminó por corromperse mediante la compra de votos durante las consultas.

No obstante, el grito de ¡Aquí No! ha sido tan fuerte que Naciones Unidas alertaron a los gobiernos de Alemania, Suiza y México sobre los riesgos de esta megaplanta, que podría generar fugas con nubes tóxicas y contaminación del ecosistema del que subsisten diariamente 6 mil 600 personas, poniendo en riesgo la permanencia de los pueblos originarios en Topolobampo.