Integrantes del colectivo ¡Aquí No! bloquearon el acceso e ingresaron a las instalaciones de Proman GPO

Un día después de que integrantes del colectivo ¡Aquí No! irrumpieran en las instalaciones de la planta de fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo —lo que obligó a la empresa a suspender operaciones el viernes 6 de junio—, el movimiento opositor escaló su estrategia: este domingo convocó una marcha multitudinaria desde Los Mochis y anunció la instalación de un plantón permanente frente al proyecto.

“Contingentes de distintos sectores del municipio de Ahome —líderes sociales, ambientalistas, pescadores y habitantes de comunidades indígenas de la Bahía de Ohuira— avanzaron a pie sobre la carretera Los Mochis-Topolobampo, con lonas, pancartas y camisetas con mensajes de rechazo al proyecto.” Más adelante, continuaron en vehículos hasta llegar a las instalaciones de Ocean City, donde realizaron una clausura simbólica de la planta.

“Ya no lo para nadie”
Uno de los principales voceros del movimiento, Armando Pinzón, resumió el estado de ánimo de los asistentes al señalar que la marcha es la respuesta a años de llamados ignorados por las autoridades.

“Es una respuesta de la gente al hartazgo de que no le hicieron caso. Vamos hasta las últimas consecuencias, no sé qué vaya a pasar, pero aquí está la gente”, expresó Pinzón, quien estimó una asistencia de entre mil y tres mil personas.

El activista afirmó que recientemente sostuvieron reuniones con autoridades y organismos de derechos humanos, pero que dichos acercamientos no generaron resultados favorables para los grupos opositores. Por ello, anunció que el plantón será indefinido: “Vamos a parar de una vez la planta esa”.

La disputa por la planta de amoniaco en Topolobampo no es nueva. La problemática se originó desde 2013, cuando se iniciaron los trámites oficiales para el proyecto, que busca posicionar a la región como sede de la planta de amoniaco más grande de América Latina, con una producción de 2 mil 200 toneladas diarias del compuesto químico y una inversión de 860 millones de dólares.

En 2018, activistas obtuvieron amparos federales que paralizaron temporalmente la construcción por falta de consulta indígena previa, lo que obligó a la Suprema Corte a ordenar consultas en 2022; sin embargo, las comunidades acusaron fraude en el proceso al incluirse localidades ajenas al impacto ambiental directo.

“La petición en Change.org para detener el proyecto acumulaba más de 135 mil firmas.”

Lo que exigen y lo que temen
El colectivo sostiene que unas 4 mil familias de pescadores están en riesgo ante la posibilidad de que desaparezcan especies de las que dependen para su sustento, y que la nación Yoreme depende de la Bahía de Ohuira a través de la pesca, la agricultura y el turismo.

Relatores de Naciones Unidas advirtieron sobre la destrucción de 21 mil metros cuadrados de bosque de manglar, además de impactos en la actividad pesquera de la región.

Por su parte, Proman GPO reiteró este fin de semana que cuenta con todas las autorizaciones requeridas, que cumple con la normativa socioambiental nacional e internacional, y que su postura es de apertura al diálogo siempre quelas manifestaciones se realicen dentro del marco legal.

¿Qué sigue?
Con el plantón instalado frente a las instalaciones de Ocean City y la presión social en aumento, el conflicto entra en una nueva fase. Los opositores anunciaron que evaluarán acciones adicionales si las autoridades no atienden sus demandas. La empresa, en tanto, no ha informado si retomará operaciones en los próximos días.

El puerto de Topolobampo, históricamente ligado a la pesca y al comercio, se convierte así en el epicentro de uno de los debates socioambientales más intensos del México de 2026.