Mérida Sánchez compareció ante el tribunal encadenado de pies y manos y es el primero de los diez acusados en haberse entregado voluntariamente a las autoridades estadounidenses, al cruzar desde Nogales hacia Arizona el 11 de mayo de 2026.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló el 2 de junio de 2026, durante la conferencia mañanera en el Palacio Nacional, que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) analizar las pruebas presentadas por la justicia de Estados Unidos contra Gerardo Mérida Sánchez, general de División retirado y exsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, luego de que la jueza Katherine Polk Failla, del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, calificara de “abundante” la evidencia disponible en su contra durante una audiencia celebrada el 1 de junio de 2026.
“Le corresponde a la Fiscalía General de la República, en su momento, analizar si hay pruebas” contra Mérida Sánchez, afirmó la mandataria nacional, en consonancia con la postura que su gobierno ha sostenido desde el inicio de la crisis institucional detonada por la acusación formal presentada el 29 de abril de 2026 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.
En la audiencia del 1 de junio, que tuvo una duración aproximada de 20 minutos, Polk Failla recordó a Mérida Sánchez que podía revisar la evidencia para “evaluar sus opciones” y le otorgó un plazo de 60 días para hacerlo. La jueza fijó además la siguiente audiencia para el 4 de agosto de 2026. Mérida Sánchez compareció ante el tribunal encadenado de pies y manos y es el primero de los diez acusados en haberse entregado voluntariamente a las autoridades estadounidenses, al cruzar desde Hermosillo hacia Arizona el 11 de mayo de 2026.
El exsecretario de la SSP de Sinaloa —cargo que ocupó entre 2023 y 2024 durante la administración de Rocha Moya— fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York. En una audiencia previa, celebrada el 15 de mayo de 2026 ante la jueza Sarah Netburn, Mérida Sánchez se declaró no culpable de las acusaciones en su contra: conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armamento, cargos que contemplan una pena máxima de cadena perpetua. El Tribunal le asignó como defensora a Sarah Rebecca Krissoff, exfiscal adjunta federal especializada en crimen organizado, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia y actualmente integrante de la firma Cozen O’Connor.
Según la acusación del Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ), Mérida Sánchez recibió sobornos de hasta 100 mil dólares mensuales de la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos” —identificados en el expediente como Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias “El Chapito”, y Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”— a cambio de información sobre operativos contra narcolaboratorios. La acusación formal forma parte del expediente S9 23 Cr. 180, novena ampliación presentada el 29 de abril de 2026 por el Gran Jurado del Distrito Sur de Nueva York, desclasificado conjuntamente por el fiscal Jay Clayton y el director de la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA), Terrance C. Cole.
La postura de Sheinbaum Pardo respecto al caso Mérida Sánchez se inscribe en una posición más amplia de su gobierno, que ha sostenido que México “tiene derecho a dudar” de las acusaciones formuladas por Washington y que cualquier investigación debe sustentarse en evidencias presentadas conforme a la legislación mexicana. “Tenemos derecho a dudar y que en todo caso se presenten las pruebas pertinentes”, declaró la titular del Poder Ejecutivo Federal el 28 de mayo de 2026. Ese mismo día, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal confirmó que ninguno de los diez acusados sinaloenses figura en los registros de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) con una Notificación Roja en su contra, según consultas realizadas con instancias nacionales e internacionales competentes.
La crisis política originada por las acusaciones del DOJ ha tenido consecuencias medibles en la percepción ciudadana. Según una encuesta de la firma Enkoll realizada para W Radio y el diario El País y publicada el 27 de mayo de 2026, la aprobación presidencial de Sheinbaum Pardo cayó siete puntos porcentuales entre marzo y mayo del mismo año, al pasar de 75 a 68 por ciento, el nivel más bajo desde que la firma inició el seguimiento mensual en diciembre de 2024. La caída más pronunciada se registró entre los jóvenes de 18 a 24 años, cuya aprobación descendió 25 puntos en el mismo lapso.
