‘La evidencia es abundante’, señaló la jueza al referirse al volumen de pruebas que forman parte de la investigación contra Gerardo Mérida.
Las evidencias de la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, son “abundantes”, aseguró la jueza federal de Nueva York, Katherine Polk, durante la segunda audiencia del general en retiro mexicano.
La audiencia, celebrada en una corte federal de Nueva York, duró menos de 20 minutos y tuvo como objetivo establecer un calendario de juicio. De acuerdo con la jueza, las autoridades de EU tiene un plazo de 60 días (2 meses) para procesar las evidencias, según dijo en la audiencia de Gerardo Mérida, ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Las declaraciones contrastan con versiones difundidas en México que sostienen que “no hay pruebas” en contra de los funcionarios de Sinaloa. Sin embargo, durante la audiencia, la jueza explicó que el volumen de información es tan amplio que se requieren dos meses para organizarla y ponerla a disposición de los abogados defensores.
“Hay muchos acusados en este caso y están llegando en olas”, añadió Polk Failla al explicar la complejidad del proceso judicial.
Mérida Sánchez ingresó a la sala encadenado de pies y manos, mientras que la fiscalía de EU informó que presentará diversas mociones relacionadas con la evidencia del caso, por lo que la defensa manifestó estar de acuerdo de cara al juicio.
¿Cuándo será la próxima audiencia de Gerardo Mérida en EU?
Al concluir la audiencia, se fijó el próximo encuentro judicial para el 4 de agosto, fecha en la que las partes deberán informar sobre el avance en la revisión de la evidencia y los siguientes pasos del caso de Gerardo Mérida.
La jueza también recordó al exfuncionario que tendrá acceso a la evidencia presentada por el gobierno para poder revisarla y “evaluar sus opciones”, en referencia a las decisiones legales que podrá tomar conforme avance el proceso.
Gerardo Mérida, y otras 9 personas, entre ellas Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, son acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, en particular con la facción de Los Chapitos, hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera.
