El Instituto advierte que la concurrencia de los comicios con las elecciones de 2027 resultaría en un escenario “inmanejable” y un colapso operativo sin precedentes.

Además del aplazamiento de las elecciones judiciales propuesto por la Presidencia de la República para el 4 de junio de 2028, se requiere una “reingeniería” total del proceso en su conjunto, de acuerdo con estudios elaborados por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Lo anterior se concluye tanto del Diagnóstico Técnico a la Cámara de Diputados para fundamentar el aplazamiento de la elección judicial al 2028 y el Informe Final de la Evaluación Integral del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 

Ambos documentos plantean que la próxima elección de jueces y magistrados debe tener una reestructuración desde las convocatorias, una eficaz coordinación entre los comités de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo para la nominación de los candidatos y un rastreo exhaustivo de la idoneidad de cada uno de ellos.

Excélsior consultó ambos informes, en los cuales se advierte que mantener la elección concurrente de diputados, gobernadores, alcaldes y los comicios judiciales, habría colapsado en 2027 la operatividad del INE para ambos procesos.

“En caso de una elección concurrente con comicios de 17 gubernaturas, el Congreso de la Unión, 31 congresos en entidades federativas, presidencias municipales y alcaldías, además de la elección del Poder Judicial, hacen prácticamente inmanejable el escenario de la concurrencia de estas elecciones”, establece el diagnóstico técnico.

Señalan que no debe de haber recortes al gasto operativo

Señalan que se debe modificar tanto el esquema de comunicación en las campañas de los candidatos, un nuevo modelo de boletas electorales y un esquema de cómputo en los centros de votación, a través de plantillas creadas ex profeso, incluso con el apoyo de IA.

Proponen que no debe haber recortes al gasto operativo para estas elecciones, ni volverse a empatar con las elecciones políticas.

En ambos se establece que juntar la elección federal de 2027 y la elección judicial no necesariamente significaría un ahorro y sí un problema operativo, pues tendrían que ser distintas las casillas para renovar gubernaturas, diputaciones y alcaldías, y los centros de votación para elegir jueces y magistrados.

Adicionalmente, el mapeo de los 32 circuitos judiciales no coincide con los 300 distritos electorales y se tendría que imprimir boletas para una y otra elección con una distribución específica para cada región del país.

Colapso logístico para las elecciones en 2027

De haberse mantenido concurrentes las elecciones intermedias de 2027 y la elección judicial, se requeriría de la instalación de 354 mil casillas, la capacitación de tres millones de funcionarios; la impresión de 985 millones de boletas electorales; la fiscalización de 55 mil candidaturas; capacitar a cerca de 100 mil personas supervisoras y capacitadoras asistentes electorales.

Asimismo, se tendría que establecer capacitaciones diferenciadas a los funcionarios de casillas, al igual que los mecanismos de recolección y los tiempos de cómputos y de radio y televisión, además de la emisión de resultados electorales preliminares, los conteos rápidos y los cómputos en vivo de la elección judicial. 

Por tanto, se habría llegado en 2027, al juntar todas las elecciones, se había llegado a un colapso logístico, presupuestal y operativo sin precedentes en el sistema electoral mexicano.

Así, superponer la votación de 4 mil 107 cargos de jueces y magistrados a nivel nacional y local en la misma jornada generaría un caos absoluto para los ciudadanos.

El INE calcula que organizar la elección judicial bajo las reglas anteriores costaría hasta 8 mil millones de pesos, si se realizara en 2027, e incluso proyecciones más complejas advertían un gasto mayor debido a capacitación y papelería especializada.

Posponer la fecha al 2028 permite al Estado distribuir la carga financiera en dos ejercicios fiscales distintos.

El informe plantea modificar las leyes reglamentarias de la elección judicial para exigir de los candidatos a jueces, magistrados y ministros un perfil técnico riguroso, evitando que los criterios de selección se limiten a promedios mínimos escolares.

Asimismo, crear una Comisión Coordinadora única que elija a los candidatos, sustituyendo los tres comités de evaluación, así como blindar las convocatorias públicas para asegurar que los encargados de depurar los listados operen bajo principios estrictamente “meritocráticos” y no partidistas.