De acuerdo con fuentes del alto tribunal, el empresario también solicitó que el ministro responda de manera expresa a sus argumentos en el proyecto de resolución

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para discutir un proyecto que dejaría viva la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para acceder a información patrimonial y financiera de empresas y particulares, con fines de supervisión y prevención de delitos como el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, al proponer el sobreseimiento de un amparo en revisión promovido por el empresario Ricardo Salinas Pliego.

De aprobarse el próximo 9 de abril, fecha en la que el asunto está listado, la UIF podría continuar utilizando y analizando información bancaria correspondiente a un periodo de hasta 10 años del dueño de Grupo Salinas. Dicha información fue solicitada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en diciembre de 2021, al igual que la de otros 78 empresarios, tras su mención en la filtración periodística conocida como Pandora Papers, relacionada con empresas offshore y posibles esquemas de evasión fiscal y lavado de dinero.

El proyecto, del ministro Giova-nni Figueroa Mejía, propone revocar el amparo otorgado al magnate en agosto de 2022 por el juez federal Gabriel Regis López, el cual fue impugnado por la Presidencia de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En su lugar, plantea concluir el juicio sin entrar al estudio de fondo, al considerar que el quejoso carece de interés jurídico, ya que la solicitud de información impugnada no le genera una afectación real ni inmediata.

Lo anterior se sustenta en que se trata de un acto inicial que no implica sanciones ni el bloqueo de cuentas y que, en caso de no detectarse irregularidades, no modifica la situación jurídica del solicitante. Asimismo, el hecho de haber conocido dicha solicitud a través de una filtración periodística no constituye, por sí mismo, un perjuicio actual.

“Nos encontramos ante un acto que no afecta de manera real la esfera jurídica del quejoso, pues únicamente constituye una comunicación inicial entre autoridades con el objeto de remitir información, misma que será analizada por la UIF conforme a sus facultades legales”, señala el proyecto.

En su demanda, Salinas Pliego impugnó la constitucionalidad de los artículos 115 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como de los artículos 192 y 212 de la Ley del Mercado de Valores, que facultan a las autoridades a acceder a información financiera con fines de supervisión y prevención de delitos.

No obstante, si se aprueba la propuesta de Figueroa Mejía –para lo cual basta una mayoría simple–, el máximo tribunal no se pronunciará sobre la constitucionalidad de dichas normas, las cuales permanecerán vigentes y aplicables para las funciones de la UIF.

Recursos que retrasan fallos

El 17 de marzo, la Corte dio vista del proyecto al empresario para que respondiera a la posible improcedencia. A través de su abogado, Arvin Aguilar Villela, presentó argumentos en contra de “la causa de improcedencia que oficiosamente se plantea en el proyecto”, según consta en la notificación publicada el 31 de marzo en las listas electrónicas del tribunal.

De acuerdo con fuentes del alto tribunal, el empresario también solicitó que el ministro responda de manera expresa a sus argumentos en el proyecto de resolución, así como que todos los ministros reciban copia de dicho documento al decidir si están de acuerdo o no con el proyecto.

El amparo en revisión 492/2023 promovido por Salinas Pliego lleva casi tres años en la Corte, desde junio de 2023, con retrasos derivados de diversos recursos legales interpuestos por el propio empresario. Algunos de estos han resultado favorables, como el resuelto el 12 de marzo, cuando la extinta segunda sala declaró impedida a la ministra Lenia Batres para participar en el caso, al considerar que sus comentarios previos en redes sociales sobre el empresario y sus empresas podrían comprometer su imparcialidad.

En lo que va del año, la SCJN ha resuelto nueve juicios fiscales relacionados con Grupo Salinas, con fallos adversos que confirman créditos fiscales por casi 49 mil millones de pesos.