Lo ocurrido en torno a Yesenia Rojo Carrizoza no puede leerse como un hecho aislado ni como una simple polémica local. Es, más bien, un síntoma preocupante de la distorsión entre poder, activismo y legalidad en Sinaloa. Cuando una figura con un historial de confrontación, señalamientos de intimidación y participación en actos que rayan en la ilegalidad no solo evita consecuencias, sino que además es reconocida con la Medalla de Honor “Doctora Norma Corona Sapién 2026”, otorgada por el Congreso del Estado, el mensaje político que se envía es profundamente inquietante.

El caso reciente del periodista Marcos Vizcarra lo evidencia con claridad. Tras expresar una opinión crítica sobre la toma de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, fue objeto —según su denuncia formal— de una escalada de descalificaciones y mensajes que percibió como amenazas. La situación se agrava al señalar la participación de personas cercanas a Rojo Carrizoza, incluido su entorno familiar. No se trata únicamente de un conflicto en redes sociales: es un patrón donde la crítica periodística es respondida con presión, hostigamiento y amagos.

Este episodio se suma a antecedentes como las agresiones denunciadas por periodistas en Angostura, y a la propia toma de instalaciones de la CEDH, un acto que, más allá de su narrativa reivindicativa, implicó la interrupción de una institución clave para la defensa de derechos. Aquí es donde el discurso de la “causa social” comienza a mostrar su límite: ninguna lucha, por legítima que se proclame, puede convertirse en salvoconducto para la intimidación, la violencia o la vulneración de derechos de terceros.

El problema de fondo no es solo la conducta de un grupo, sino la reacción —o la omisión— de las instituciones. Cuando el Estado no actúa con firmeza, cuando las denuncias no avanzan, cuando los mecanismos de protección sustituyen a la justicia en lugar de complementarla, lo que se construye es un ecosistema de impunidad. Y la impunidad, en contextos de polarización y violencia, no es neutra: siempre favorece a quien ejerce mayor presión.

La entrega del reconocimiento legislativo a Rojo Carrizoza, lejos de ser un acto meramente simbólico, adquiere entonces una dimensión política. No solo legitima su figura, sino que la proyecta. Más aún, coincide con versiones sobre un eventual impulso hacia la Secretaría General del STASE, lo que abre interrogantes inevitables: ¿qué intereses están detrás de esta promoción?, ¿qué cálculo político considera viable impulsar a una figura tan polarizante?, ¿se ha medido el costo institucional y social de normalizar estos métodos?

El riesgo es claro. Convertir a liderazgos construidos desde la confrontación en interlocutores privilegiados del poder puede terminar erosionando las reglas del juego democrático. Se envía el mensaje de que la presión, la toma de espacios públicos, la intimidación y la descalificación son vías efectivas para escalar políticamente. Y eso, en un estado que ya enfrenta altos niveles de violencia, es particularmente delicado.

A esto se suma un elemento aún más grave: la vulnerabilidad del periodismo. Sinaloa carga con heridas profundas tras los asesinatos de Javier Valdez Cárdenas y Luis Enrique Ramírez. En ese contexto, cualquier amenaza, cualquier acto de intimidación, cualquier campaña de desprestigio contra periodistas no puede minimizarse. No es un exceso retórico afirmar que estos hechos, si no se contienen, pueden escalar hacia escenarios irreparables.

Por ello, la solidaridad con periodistas como Marcos Vizcarra, así como con voces históricas de la defensa de derechos humanos como Óscar Loza Ochoa, no es solo un gesto gremial: es una defensa del espacio público, de la libertad de expresión y del derecho a disentir sin miedo.

La pregunta que queda en el aire es incómoda, pero necesaria: ¿dónde está el Estado? La respuesta, hasta ahora, parece inclinarse hacia la contención política antes que hacia la aplicación de la ley. La instalación de mesas de diálogo puede ser útil en ciertos contextos, pero no puede sustituir el cumplimiento del marco legal. Dialogar no puede ser sinónimo de tolerar excesos ni de postergar la justicia.

Sinaloa enfrenta un momento que exige definiciones claras. O se establece un límite firme a la violencia, venga de donde venga, o se seguirá normalizando una lógica donde la fuerza y la intimidación pesan más que la ley. Y en ese escenario, todos pierden: las instituciones, la sociedad y, especialmente, quienes ejercen el derecho —y el deber— de informar.

Ya basta de amenazas. Ya basta de golpes. Ya basta de intimidación disfrazada de causa. La legitimidad de cualquier lucha social no se mide por su capacidad de imponer, sino por su respeto a los derechos de los demás. Sin eso, no hay causa: hay abuso.