Con 24 votos a favor, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos aprobaron el Plan B en materia electoral

Con 24 votos a favor, 11 en contra y cero abstenciones, así como la ausencia de los senadores del Partido del Trabajo (PT), las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron el Plan B de la reforma electoral. 

Luego de tres horas de discusión en la sesión que comenzó con 30 minutos de retraso, la oposición acusó a la iniciativa de centralista, violatoria del pacto federal y de ampliar los privilegios del Ejecutivo Federal.

La sesión comenzó con un quórum de 10 senadores en Puntos Constitucionales y 15 en Estudios Legislativos. Los senadores petistas Lizeth Sánchez García y Alejandro González Yáñez se ausentaron de la sesión, a pesar de que éste último posicionaría en nombre de su partido. Al inicio, el senador Óscar Cantón Zetina informó que González Yáñez “está en camino acá”, pero nunca llegó.

La senadora del PRI, Claudia Anaya Mota, sostuvo que la reforma “violenta los principios federalistas y republicanos de la Constitución” y “trastoca la independencia y soberanía de los estados y municipios para autorregularse”. 

Cuestionó directamente la instrucción presidencial a los congresos locales de ajustar sus presupuestos: “El hecho de que la Presidenta mandate a congresos locales a ajustar su presupuesto sin ninguna fundamentación ni motivación, nos habla de un desconocimiento de la división de poderes. Lo único que queda claro es que se quieren meter en un poder, en un estado, en un municipio”.

El emecista Luis Donaldo Colosio Riojas criticó que la reforma deje abierta la temporalidad para solicitar la consulta de revocación del mandato, lo que convierte ese elemento en “una variable que el gobierno puede administrar a conveniencia”. 

Advirtió que cuando la Constitución no acota los tiempos de un proceso, “es el gobierno quien sale ganando”. Sostuvo que la iniciativa “no sirve más que para romper el principio de equidad en la contienda” y que “vulnera de manera directa el pacto federal”. 

En representación del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luis Alfonso Silva Romo defendió la iniciativa y retó a la oposición: “Esta iniciativa trae dos elementos sustanciales: la reducción de privilegios. Nunca esperaría que ustedes votaran a favor de reducir los privilegios”.

La iniciativa pasará al Pleno del Senado de la República, donde se espera que este miércoles sea analizada y votada en una sesión vespertina. 

En el ámbito local, la reforma introduce límites a la integración de los ayuntamientos, al establecer que el número de regidurías deberá oscilar entre 1 y 15, además de restringir a una sola sindicatura por municipio. Estas medidas buscan compactar las estructuras municipales y disminuir el gasto corriente asociado a los órganos de gobierno.

Respecto a la consulta de revocación de mandato, el documento mantiene la redacción que tenía inicialmente: modifica el artículo 35 para ampliar la ventana de solicitud.

Podrá pedirse durante los tres meses posteriores a la conclusión del segundo o del tercer año del periodo constitucional.

La votación se realizará el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de ejercicio, es decir, de 2027, o de 2028, aspecto en el que la bancada del PT había expresado su desacuerdo.

La iniciativa añade que “la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia”, un derecho que no estaba expresamente reconocido en el texto vigente.