El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó en Sinaloa que los casos de secuestro de mineros en Concordia y la desaparición de turistas en Mazatlán son prioridad federal.
En medio de un contexto de violencia que mantiene a Sinaloa en la agenda nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fue claro: “No quedarán impunes”. La declaración se dio tras confirmarse dos hechos de alto impacto: el secuestro de trabajadores mineros en Concordia y la desaparición de seis turistas del Estado de México en Mazatlán.
El funcionario subrayó que ambos casos son prioritarios para el Gobierno federal y que ya existen personas detenidas vinculadas a las investigaciones. “Estamos trabajando de manera coordinada con el gobierno estatal para esclarecer los hechos y localizar a quienes aún permanecen desaparecidos”, sostuvo.
La presencia de fuerzas federales se ha reforzado en distintas zonas del estado, con participación del Ejército, Marina, Guardia Nacional y autoridades ministeriales. El objetivo, dijo, es evitar que estos delitos queden sin castigo y desarticular a los responsables.
EL CASO DE LOS MINEROS EN CONCORDIA
Tras la privación de la libertad de trabajadores mineros en el municipio de Concordia, se activó un operativo conjunto que incluyó a la Fiscalía estatal y a la Comisión Nacional de Búsqueda. El despliegue derivó, el 3 de febrero, en la detención de cuatro personas presuntamente involucradas.
Entre los capturados se encuentra Jesús Abel, identificado por autoridades como generador de violencia y presuntamente vinculado a una célula de “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con la información oficial, estaría relacionado con delitos como extorsión, homicidio, robo de hidrocarburo y tráfico de drogas y armas.
Durante las diligencias también se detectaron posibles fosas clandestinas, lo que amplió el radio de investigación. Peritos especializados de la Fiscalía General de la República realizan estudios en la zona. Un dato relevante es que Concordia, además de su actividad minera, ha sido identificada como punto estratégico por su cercanía a rutas serranas utilizadas por grupos criminales.
TURISTAS DESAPARECIDOS EN MAZATLÁN
El segundo caso involucra a seis personas originarias del Estado de México que fueron privadas de la libertad en Mazatlán. Según explicó Harfuch, el grupo se trasladaba en vehículos tipo razer rentados cuando fue interceptado por un comando armado.
Dos de las víctimas fueron liberadas posteriormente, mientras que cuatro continúan desaparecidas. Las autoridades estatales y federales han detenido a dos personas relacionadas con estos hechos, cuyas declaraciones permitieron identificar a otros presuntos implicados.
Mazatlán, uno de los principales destinos turísticos del Pacífico mexicano, recibe miles de visitantes cada temporada. El caso ha generado preocupación en el sector turístico y empresarial. “Las investigaciones continúan abiertas”, enfatizó el secretario, quien reiteró que el despliegue de seguridad se mantendrá en la región.
DETENCIONES Y PROCESO JUDICIAL
Las acciones emprendidas forman parte de una estrategia que combina labores de inteligencia, operativos en campo y seguimiento ministerial. Las detenciones recientes podrían derivar en nuevas órdenes de aprehensión conforme avancen las indagatorias.
Entre los delitos que se investigan se encuentran secuestro, delincuencia organizada y posibles vínculos con estructuras criminales de mayor alcance. Las autoridades no han detallado el número total de líneas de investigación abiertas, pero confirmaron que se trabaja en coordinación interinstitucional.
“La prioridad es localizar a las víctimas y garantizar que los responsables enfrenten la justicia”, reiteró Harfuch. En un estado marcado por disputas internas de grupos criminales, los casos de Concordia y Mazatlán se han convertido en prueba clave para medir la capacidad de respuesta institucional frente a delitos de alto impacto.
