El proceso electoral interno de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Culiacán (Canaco Servytur) ha dejado de ser un ejercicio gremial para convertirse en un caso emblemático de cómo puede distorsionarse la vida democrática de un organismo empresarial. A semanas de la asamblea del 24 de febrero, los señalamientos sobre prácticas irregulares, inequidad y uso faccioso del padrón de socios colocan a la presidenta en funciones, Guadalupe Zavala Yamaguchi, en el centro de una controversia que amenaza la legitimidad del resultado.
El punto neurálgico del conflicto es el crecimiento atípico y acelerado del padrón. En un contexto de crisis económica, inseguridad y cierre masivo de negocios —con estimaciones que van de 2,000 a 2,500 establecimientos clausurados en Culiacán—, la Canaco reconoce la baja de casi un centenar de afiliados. Sin embargo, de manera paralela y en un periodo extraordinariamente corto, la dirigencia reporta el alta de más de 500 nuevos socios, lo que duplica el padrón y lo lleva a superar los mil afiliados justo a semanas de la votación.
La pregunta que se impone no es si el crecimiento es deseable —toda organización aspira a sumar—, sino el cuándo, el cómo y el para qué. Inflar el padrón en la recta final de un proceso electoral interno rompe el principio de equidad, sobre todo cuando la presidencia en funciones controla los tiempos, los registros, la información y los beneficios asociados a la afiliación. Más aún, cuando existen versiones de cuotas preferenciales, descuentos y afiliaciones exprés, lo que abre la duda legítima sobre si esos nuevos socios cumplen con los requisitos estatutarios para votar y definir una elección que marcará el rumbo del organismo.
Según recuerdo, para participar y tener derecho al voto los asociados deberán contar con una antigüedad mínima de un año y encontrarse al día con sus cuotas, por lo que, por lo menos, los nuevos afiliados no cumplen con el requisito de antigüedad. En lo que se refiere a las cuotas, es un aspecto también en entredicho, puesto que habría que revisar los términos en los que ingresaron y si cumplieron, en igualdad de circunstancias, con lo exigido a los afiliados que han sostenido hasta ahora este organismo gremial.
No obstante, hasta ahora, en términos políticos, el escenario es claro: quien controla el padrón, controla la elección. Y en esta contienda, la presidenta en funciones no solo busca permanecer, sino ir por un tercer periodo, una continuidad que para muchos afiliados contradice el espíritu de renovación que hoy exige el comercio organizado. La narrativa de “confianza” y “crecimiento” contrasta con la realidad de un sector golpeado y con la percepción de que la Cámara ha sido más espectadora que protagonista frente a la crisis.
A este cuadro se suma un elemento que no pasa desapercibido: la cercanía política de la actual dirigencia con la Cuarta Transformación en Sinaloa. De hecho, el gobernador Rubén Rocha Moya le tomó protesta en su momento y, por ello, el simbolismo de haber sido la primera mujer en presidir la Canaco, con respaldo visible del poder estatal, es un hecho histórico; pero cuando esa relación se traduce en poder interno concentrado y reelecciones sucesivas, la línea entre legitimidad y uso político del cargo se vuelve peligrosamente difusa. En los hechos, Yamaguchi aparece como la abanderada de la 4T dentro del organismo, en un proceso que muchos consideran ya decidido desde el escritorio y no desde la voluntad libre de los comerciantes.
Frente a este panorama, la candidatura de Héctor Monárrez Palazuelos, con más de dos décadas de trayectoria en la Canaco, emerge como el principal contrapeso. Su exigencia es básica pero contundente: piso parejo. Acceso al padrón, transparencia en las cuotas, reglas claras y un proceso en el que ninguna planilla compita con ventajas institucionales. En igualdad de circunstancias, tanto Monárrez como el otro aspirante —Sergio Armenta Castro— cuentan con perfiles y propuestas suficientes para disputar la presidencia y abrir una etapa de renovación real.
La gravedad del momento radica en que el resultado se percibe como anunciado. No por falta de competencia, sino porque la cancha fue inclinada desde antes. Si los más de 500 nuevos afiliados —incorporados de manera masiva y oportuna— participan en la votación, la elección del 24 de febrero corre el riesgo de convertirse en una simulación democrática, sin posibilidad real de alternancia.
Lo que está en juego no es solo un cargo, sino la credibilidad de la Canaco Culiacán. Un organismo que históricamente ha defendido la libre competencia, la legalidad y el estado de derecho no puede permitirse prácticas que recuerdan más a la política partidista que a la vida institucional del empresariado. Sin transparencia no hay legitimidad; sin equidad no hay democracia; y sin democracia, la Cámara pierde autoridad moral para representar al comercio ante la sociedad y el gobierno.
La elección del 24 de febrero será, en los hechos, un referéndum interno: o la Canaco avala la perpetuación mediante un padrón inflado, o abre la puerta a una renovación auténtica que responda a la crisis económica que asfixia a Culiacán. Todo lo demás —discursos, cifras y celebraciones— será accesorio frente a una pregunta central: ¿la Canaco pertenece a sus afiliados o a quien controla el padrón?