La resolución del Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa no es un episodio menor ni un simple diferendo interno del Partido Acción Nacional. Es, en realidad, un retrato incómodo de cómo un partido que históricamente ha hecho de la legalidad, el Estado de derecho y la democracia interna sus principales banderas, puede caer en prácticas que contradicen su propio discurso. Lo ocurrido con la baja selectiva de consejeros, la omisión deliberada de notificaciones y la negación del derecho de audiencia no es un error administrativo: es una forma de ejercicio del poder que erosiona la credibilidad institucional del PAN desde dentro.
El argumento de las “inasistencias injustificadas” utilizado para dar de baja a diez consejeros previo al proceso de selección del Consejo Estatal podría parecer, en apariencia, una aplicación estricta de los estatutos. Sin embargo, cuando la sanción se aplica solo a quienes representan una oposición interna y se omite deliberadamente sancionar a otros militantes en la misma condición, deja de ser legalidad y se convierte en discrecionalidad. La democracia interna no se rompe cuando hay competencia; se rompe cuando las reglas se aplican con sesgo político.
Más grave aún es la negación del derecho de audiencia, una garantía elemental no solo en la vida partidista, sino en cualquier sistema que se asuma democrático. No notificar a los consejeros, impedirles defenderse y, posteriormente, argumentar que el daño ya no puede repararse porque el proceso “ya ocurrió”, revela una lógica peligrosa: la del hecho consumado como estrategia para burlar la justicia. En términos políticos, es aceptar que el poder interno puede imponerse incluso por encima de la ley, siempre y cuando el calendario juegue a favor de quien controla el aparato.
La postura de la Comisión de Justicia del PAN, al reconocer implícitamente que los consejeros podían tener la razón, pero sostener que ya no era posible resarcir el daño, raya en el cinismo institucional. Es tanto como decir que la legalidad tiene fecha de caducidad y que los derechos de la militancia valen menos que la comodidad de una dirigencia. Por eso la intervención del Tribunal no solo era necesaria, sino inevitable: alguien tenía que recordarle al PAN que sus estatutos no están por encima de la Constitución, ni sus procesos internos exentos del escrutinio jurídico.
Resulta preocupante, además, la narrativa que intenta reducir este fallo a un problema de “no saber perder”. Ese discurso, además de simplista, es profundamente deshonesto. No se trata de desconocer resultados, sino de cuestionar un proceso viciado desde su origen. Confundir legalidad con victoria política es una de las trampas más recurrentes del poder, y cuando esa lógica se normaliza dentro de un partido, lo que sigue es la expulsión silenciosa de la disidencia y la cancelación de la pluralidad interna.
La frase que circula entre militantes —“te inhabilito y te dejo fuera”— no surge de la exageración retórica, sino de la experiencia concreta de quienes fueron excluidos sin derecho a defensa. Cuando un partido empieza a usar la inhabilitación como herramienta política, deja de ser un espacio de competencia democrática y se transforma en un club de lealtades condicionadas. Eso no fortalece al PAN; lo debilita y lo aleja de su base social.
El fallo del Tribunal abre, paradójicamente, una oportunidad. Reponer la asamblea y restituir derechos no debería verse como una derrota, sino como una posibilidad de corregir el rumbo y enviar un mensaje claro: en el PAN aún caben las voces críticas y la competencia real. La democracia no es cómoda, implica riesgos, derrotas y confrontaciones internas, pero es el único camino para construir legitimidad.
Si el PAN pretende ser una oposición sólida rumbo a 2027, primero tendrá que demostrar que es capaz de gobernarse a sí mismo con apego a la ley. No se puede exigir transparencia, legalidad y respeto a los derechos desde la tribuna pública cuando, en la vida interna, se toleran prácticas que los vulneran. La autoridad moral no se decreta; se construye, y en este caso, se ha visto seriamente comprometida.
En política, las formas importan tanto como los resultados. Y hoy, más que un conflicto interno, el PAN enfrenta un dilema mayor: decidir si quiere seguir siendo un partido que presume democracia o uno que la practica, incluso cuando el resultado no le favorece. El Tribunal ya hizo su parte. Ahora la responsabilidad es del propio partido y de su militancia.