Culiacán, Sinaloa.- En un posicionamiento desde el Congreso del Estado, la diputada Paola Gárate denunció que el Gobierno federal y el Gobierno estatal han incumplido acuerdos con productores de maíz y trigo en Sinaloa, manteniéndolos en la incertidumbre y al borde de la quiebra por la falta de apoyos comprometidos de ciclos agrícolas anteriores.

La legisladora rechazó el intento de normalizar la crisis del campo como si se tratara de “ciclos inevitables”, y sostuvo que la quiebra no la provoca la naturaleza, sino la falta de palabra y la omisión gubernamental. “Un gobierno que incumple no administra números: administra hambre”, advirtió.

Gárate citó la denuncia pública del presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, Baltazar Valdez , quien señaló que, pese a reuniones con autoridades, no existe avance real y sólo se reciben evasivas.

Recordó que el 27 de noviembre se acordó un plazo de 45 días para liberar recursos pendientes, plazo que se venció sin resultados, mientras la autoridad mantiene el argumento de que los expedientes siguen “en revisión”.

Además, la diputada alertó que la política actual está dejando a los productores de las regiones graneras del país a merced de los mercados internacionales y de la especulación del mercado de futuros de Chicago, lo que puede empujarlos a la quiebra y profundizar la dependencia alimentaria de México.

Señaló que esta ruta vuelve al país vulnerable ante presiones externas y ante eventuales medidas arancelarias y disputas comerciales impulsadas desde Estados Unidos.

La diputada subrayó que la falta de apoyos no sólo golpea a familias productoras, sino que compromete la seguridad alimentaria del país. En ese sentido, destacó la contradicción del discurso oficial: “México ya importa más del 50% de los granos básicos que consume, y aun así se empuja al productor a la ruina”.

Sobre el caso del trigo, expuso que el retraso y el rechazo de trámites continúa afectando a cientos de productores sinaloenses. Refirió señalamientos del presidente del Sistema Nacional Trigo, Manuel Hernández López, sobre el bajo porcentaje de pagos y la persistencia de expedientes rechazados, aun cuando existía el compromiso de saldar adeudos en su totalidad al 31 de enero.

Asimismo, la diputada enfatizó que permanece pendiente el pago de la cobertura federal de 200 pesos por tonelada correspondiente a la cosecha 2024, por un monto aproximado de 400 millones de pesos. Señaló también que un grupo amplio quedó fuera del proceso de validación del apoyo de 750 pesos al cierre de 2024, sin criterios claros ni transparencia.

Finalmente, Paola Gárate convocó a las y los legisladores a respaldar una exigencia concreta: liberar de inmediato los recursos adeudados, cumplir los acuerdos firmados y establecer reglas claras, verificables y con seguimiento público para que el campo recupere certeza. “Aquí no se pide caridad. Se exige justicia, certeza y cumplimiento”, concluyó.