Tras 18 horas de audiencia, la Fiscalía de Sonora imputó a ocho personas y una empresa por el incendio en Waldo’s Hermosillo que dejó 24 víctimas.
El proceso judicial por el trágico incendio ocurrido en la tienda Waldo’s de Hermosillo, Sonora, continúa avanzando con la imputación penal contra ocho personas físicas y una persona moral, señaladas por su probable responsabilidad en el siniestro que cobró la vida de 24 personas, además de un bebé en gestación, dejó 12 lesionadas y ocasionó graves daños materiales.
La diligencia judicial se extendió por casi 18 horas ininterrumpidas, iniciando a las 9:30 horas del martes y concluyendo a las 03:20 de la madrugada del miércoles. Durante este tiempo, el Ministerio Público expuso una imputación diferenciada por los delitos de homicidio culposo, aborto, lesiones, daños, uso de documento falso e incumplimiento de un deber legal.
La comparecencia incluyó tanto a particulares como a la empresa titular del establecimiento, representada legalmente ante el juzgado.
Al término de la audiencia, el juez de control resolvió imponer medidas cautelares distintas a la prisión preventiva para la mayoría de los imputados. La decisión se sustentó en que los acusados acreditaron arraigo, se presentaron voluntariamente ante la autoridad judicial, no representan riesgo para las víctimas y no existe peligro de obstaculización del proceso.
Las medidas dictadas consisten en la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad, exhibición de una garantía económica y la prohibición de salir del ámbito territorial fijado por el juzgador.
Fiscalía señala a José Luis “N”
El juez determinó un trato procesal distinto para José Luis “N”, representante legal de la persona moral, a quien se le atribuye haber realizado trámites ante autoridades municipales utilizando presuntamente documentos falsos para la obtención de permisos, además de omisiones relevantes en su deber de supervisión.
Por estos hechos, el juzgador ordenó prisión preventiva justificada; sin embargo, la medida no pudo ejecutarse debido a que el imputado cuenta con una suspensión de amparo vigente.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que combatirá dicha resolución para que el acusado enfrente su proceso en prisión.
“Ante tales circunstancias, la FGJES realiza las acciones correspondientes para llevar ante los tribunales, tanto a quienes cuentan con un amparo como a aquellos evadidos, a fin de que enfrenten la acción de la justicia y respondan ante las víctimas”
Tras la imputación, las defensas solicitaron la ampliación del plazo constitucional a 144 horas, periodo en el que el juez deberá resolver la vinculación formal a proceso. La próxima audiencia quedó programada para el 19 de enero.
El caso mantiene abiertas varias líneas procesales:
- Tres personas más con órdenes de aprehensión ya ejecutadas deberán comparecer el 29 de enero.
- Otras 12 personas judicializadas permanecen amparadas, en espera de ser citadas a audiencia de formulación de imputación.
- Dos más continúan evadidas de la acción de la justicia.
Cómo ocurrió el incendio en la tienda Waldo’s de Hermosillo
El pasado 24 de diciembre, un total de 25 personas fueron imputadas por homicidio culposo, lesiones culposas e incumplimiento de un deber legal, entre ellas funcionarios y ex funcionarios municipales y estatales, así como personal vinculado a la empresa.
La investigación ministerial involucra a funcionarios y ex funcionarios estatales y municipales, además de personal relacionado con la empresa, por presuntas fallas en inspecciones, autorizaciones y verificaciones en materia de seguridad y protección civil.
Los peritajes integrados al expediente analizan la posible explosión de un transformador eléctrico al interior del inmueble y la presunta falsificación de documentos oficiales que habrían permitido la operación de la tienda en condiciones de riesgo.
Estos elementos técnicos serán clave para determinar las responsabilidades penales y administrativas en el caso.
Reacción de las familias de las víctimas del incendio de la tienda Waldo’s
Las familias de las víctimas han exigido que el proceso judicial avance con firmeza y que se sancione tanto a los responsables directos como a quienes, por omisión o negligencia, permitieron que la tienda operara en condiciones inseguras.




