La madrugada del 3 de enero de 2026 no comenzó con diplomacia. Comenzó con bombardeos sobre el Fuerte Tiuna y la base aérea de La Carlota en Caracas. Lo que Donald Trump llamó eufemísticamente “Operación Resolución Absoluta” fue un asalto militar a gran escala contra un Estado soberano miembro de las Naciones Unidas.

Nicolás Maduro y Cilia Flores no fueron extraditados mediante tratados internacionales. Fueron extraídos por fuerzas especiales Delta Force de una residencia fortificada con puertas de acero macizo y un “cuarto de seguridad” de acero sólido, como detalló orgullosamente el propio Trump. El presidente venezolano ya no está en su país. Está recluido en el buque de guerra USS Iwo Jima, esperando ser procesado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por cinco cargos de narcoterrorismo.

Sería ingenuo reducir esta operación a una cuestión de “restaurar la democracia”. Venezuela arrastra una deuda externa de 150,000 millones de dólares y posee las mayores reservas probadas de petróleo del planeta: 303,000 millones de barriles. Su industria petrolera, devastada por años de sanciones y mala gestión, produce actualmente apenas 1.14 millones de barriles diarios cuando históricamente llegó a superar los 3 millones.

En Wall Street, la ecuación es simple. Fondos como BlackRock, que en sus perspectivas para 2026 ya habían señalado a la energía como eje estratégico de inversión, ven la oportunidad de liderar la reestructuración financiera de la mayor reserva de crudo del mundo. La congresista republicana María Elvira Salazar lo dijo sin rodeos: “Para las petroleras estadounidenses Venezuela será una celebración porque habrá más de un billón de dólares en actividad económica”.

Los analistas esperan una caída inicial del 1% al 2% en Wall Street el lunes por volatilidad, pero el cálculo de mediano plazo es transparente: el control de la inflación en Estados Unidos depende de cuánto crudo venezolano pueda “liberarse” para bajar los precios globales. No es una operación militar, es una operación de mercado con bombas.

Si alguien pensaba que la operación venezolana era un evento aislado, Donald Trump se encargó de desmentirlo con brutal claridad. En una entrevista con Fox News, apenas minutos después del anuncio, declaró sin ambages: “Los cárteles gobiernan México. Le he dicho varias veces a Claudia Sheinbaum si quería que interviniéramos y ha dicho que no… ella está asustada, pero lo cierto es que algo tendremos que hacer”.

Esto no es retórica electoral. Es un anuncio de intenciones respaldado por capacidad militar real. Desde diciembre de 2025, Estados Unidos ha desplegado 15,000 soldados del Comando Sur en el Caribe, una movilización que no responde únicamente a la situación venezolana. Es infraestructura de intervención regional en standby.

La conexión legal ya está construida. En el mismo expediente del Distrito Sur de Nueva York que procesa a Maduro, Estados Unidos vincula oficialmente al Cártel de los Soles venezolano con el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua. Esta no es una acusación aleatoria; es el sustento jurídico para aplicar a México la misma “receta” que a Venezuela bajo la etiqueta de narcoterrorismo.

La administración Trump ya propuso en 2025 el despliegue de tropas estadounidenses en territorio mexicano para combatir cárteles. Sheinbaum lo rechazó categóricamente. Maduro también rechazó cooperar con Estados Unidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió con firmeza institucional, condenando “enérgicamente” la acción militar estadounidense como violación al derecho internacional y a la soberanía venezolana. Invocó la Carta de la ONU y los principios históricos de política exterior mexicana: no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de controversias.

Es la respuesta correcta desde el punto de vista de los principios. Pero los principios no detienen bombardeos. Y aquí radica el dilema existencial del gobierno mexicano: mantener su postura de derecho internacional en un mundo donde el derecho internacional ha dejado de funcionar como mecanismo de contención.

México enfrenta una contradicción imposible: es geográficamente parte de Norteamérica, comercialmente integrado con Estados Unidos (más del 80% de sus exportaciones), pero políticamente comprometido con América Latina y sus principios de no intervención. Esta contradicción siempre ha existido, pero nunca había sido tan peligrosa.

Lo que hemos presenciado no es simplemente una operación militar. Es la consolidación de una doctrina: la “Intervención Predictiva”. Bajo este modelo, Estados Unidos no espera a que un conflicto se desarrolle ni requiere autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. Identifica unilateralmente una “amenaza” (narcotráfico, terrorismo, influencia china o rusa), construye un marco legal doméstico (acusaciones en cortes estadounidenses) y ejecuta acción militar cuando lo considera conveniente.

Venezuela era el caso piloto perfecto: un gobierno internacionalmente aislado, militarmente débil, con recursos que Occidente codicia y sin aliados capaces de responder militarmente. El éxito de esta operación establece el precedente.

Para México, los pretextos ya están articulados: control territorial por parte de organizaciones criminales, tráfico de fentanilo que causa decenas de miles de muertes en Estados Unidos, supuesta incapacidad del gobierno mexicano para controlar su territorio y conexiones del crimen organizado mexicano con “narcoterrorismo” internacional.

Todos estos elementos están presentes en la narrativa estadounidense. Todos han sido utilizados por Trump y figuras republicanas para justificar acciones militares en suelo mexicano.

Más allá del narcotráfico y el petróleo, hay objetivos geoestratégicos de largo plazo que explican la urgencia de esta operación. Venezuela era el principal aliado de China y Rusia en América Latina. Rusia tenía bases militares; China había invertido más de 60,000 millones de dólares en proyectos energéticos y de infraestructura.

Sacar a Maduro es expulsar a Moscú y Beijing del Caribe. Además, Venezuela tiene yacimientos significativos de oro, coltán, tierras raras y uranio: minerales críticos para la transición energética y la industria tecnológica del siglo XXI.

El mensaje es inequívoco: el hemisferio occidental es zona de influencia exclusiva estadounidense. El Istmo de Tehuantepec en México, el Canal de Panamá y las rutas del Caribe son infraestructura crítica que Estados Unidos no está dispuesto a compartir con otras potencias.

El gobierno mexicano no puede detener a Estados Unidos, pero puede aumentar los costos políticos, económicos y diplomáticos de una eventual intervención. Esto requiere fortalecer capacidades institucionales de seguridad sin militarización excesiva, demostrando avances tangibles contra el crimen organizado que hagan más difícil justificar intervención externa.

Requiere diversificar relaciones económicas estratégicas sin romper con Estados Unidos, aumentando comercio con Europa, América Latina y Asia para reducir dependencia. Requiere construir coaliciones latinoamericanas efectivas, no solo declarativas, porque Brasil, Colombia, Argentina y otros países entienden que el precedente venezolano los pone en riesgo.

Requiere activar diplomacia preventiva con actores extrahemisféricos y preparar escenarios de crisis y respuestas graduales, desde presión económica hasta incursiones militares “limitadas” en zonas fronterizas.

La pregunta no es si Estados Unidos intentará alguna forma de intervención en México, sino cuándo considerará que las condiciones son óptimas. Puede ser una operación quirúrgica contra líderes específicos del crimen organizado en territorio mexicano. Puede ser presencia militar “invitada” como condición para mantener acceso al mercado estadounidense. Puede ser presión económica sostenida que obligue a México a aceptar supervisión estadounidense de sus políticas de seguridad.

México debe entender que los principios sin poder son solo retórica y que la diplomacia sin capacidad de respuesta es solo protocolo. La madrugada del 3 de enero cambiaron las reglas del juego. No porque el imperialismo sea nuevo, sino porque dejó de disimularse.

La única pregunta relevante es si México será capaz de adaptarse a estas nuevas reglas sin traicionar su identidad nacional, o si la historia recordará este momento como el principio del fin de la soberanía mexicana tal como la conocemos.

El tiempo para prepararse no es mañana. Es hoy. Porque en el mundo que inauguró esta madrugada, la soberanía ya no es un derecho que se invoca. Es una capacidad que se construye, se defiende y se negocia cada día. Los imperios no necesitan justificaciones morales cuando tienen bombarderos, y la pregunta para México no es si esto es justo, sino si estamos preparados para ser los siguientes.