La iniciativa de la legisladora Azucena Romero define el delito como la apropiación, utilización o disposición indebida de recursos económicos, bienes o pensión de una persona mayor de 65 años.

La diputada Azucena Romero, del PVEM, presentó una iniciativa para tipificar el delito de explotación financiera de adultos mayores y castigarlo hasta con 12 años de prisión.

El proyecto de reformas al Código Penal Federal y a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores define dicho acto ilícito como la apropiación, utilización o disposición indebida de los recursos económicos, bienes o pensión de una persona mayor de 65 años para beneficio propio o de un tercero, sin el consentimiento libre e informado de la víctima.

Ello, valiéndose de una relación de parentesco, tutela, laboral, de confianza o de cualquier otra índole que genere una situación de superioridad o dependencia.

La iniciativa turnada a las comisiones de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados prevé una sanción de cuatro a ocho años de prisión y multa de 200 a 500 días por el delito de explotación financiera de personas adultas mayores, aumentando el castigo en una mitad, hasta 12 años de cárcel, cuando la víctima presente alguna discapacidad o condición que limite su capacidad para comprender el hecho o resistirlo.

Establece además que el Ministerio Público perseguirá ese delito de oficio, sin necesidad de denuncia.

Asimismo, plantea la adición de un capítulo denominado De las Instituciones Financieras a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el fin de que las instituciones financieras públicas y privadas establezcan protocolos para detectar y notificar a la FGR patrones de transacciones financieras inusuales o sospechosas en las cuentas de personas adultas mayores, a fin de prevenir la explotación financiera.

No hay marco legal
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 4.7 por ciento de las mujeres de 60 años o más reportaron en 2021 haber sufrido violencia económica por parte de un familiar.

A su vez, los registros de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) revelan que 63 por ciento de las reclamaciones de adultos mayores ante la banca son imputables a un posible fraude.

La diputada Romero señaló que el actual marco legal es insuficiente, pues la figura penal más cercana es el abuso de confianza, pero su aplicación es casi nula en estos casos por una barrera procesal insalvable: se persigue por querella.

“Es impensable e inhumano exigir a una persona mayor, que depende física, emocional y habitacionalmente de su agresor, que acuda a un Ministerio Público a denunciar formalmente a su propio hijo o nieto”, advirtió.

Expuso que el miedo al abandono, a la represalia, a la violencia física o la simple vergüenza paralizan a la víctima y garantizan la impunidad del delincuente.

Por ello, indicó, es urgente cerrar esta brecha legal y la persecución de oficio es una medida con perspectiva de género, diseñada para actuar en favor de las mujeres mayores que hoy no pueden denunciar.