Culiacán, Sinaloa.– La sequía en Sinaloa no es un problema superado, sino una crisis vigente que sigue afectando a los hogares, al campo y a la salud pública. En este contexto, es urgente que en Culiacán se instalen plantas tratadoras de agua en el Parque 87, para dejar de utilizar agua potable en el riego de áreas verdes y destinarla al consumo humano.

Así lo aseguró el diputado del Partido Acción Nacional, Jorge González Flores, quien también señaló que miles de familias continúan sin un suministro constante de agua, dependiendo del reparto mediante pipas, mientras comunidades rurales sobreviven con lo mínimo para cubrir necesidades básicas. En el sector agrícola, agregó, la escasez ha obligado a reducir superficies de siembra, provocando pérdida de cosechas y afectaciones económicas severas.

Afirmó que mover agua con pipas no constituye una política hídrica, sino una medida de emergencia que se ha vuelto permanente, costosa y limitada. Atender la crisis únicamente con acciones temporales equivale a administrar la escasez sin resolver las causas estructurales.

El legislador panista recordó que en Sinaloa se desperdician alrededor de 2 mil litros por segundo de aguas residuales que podrían ser tratadas y reutilizadas para riego agrícola, industrial y de áreas públicas. Señaló que el Parque 87 puede convertirse en un ejemplo de reutilización del agua tratada, liberando miles de metros cúbicos de agua potable para los hogares de Culiacán.

Asimismo, cuestionó que el Presupuesto de Egresos 2026 contemple 47 millones 350 mil 853 pesos para la administración del agua, con un aumento marginal respecto al año anterior, y que estos recursos sigan enfocados principalmente en medidas de emergencia como pipas, pozos y represos, en lugar de invertir en soluciones estructurales y de largo plazo.

Finalmente, Jorge González llamó a replantear la política hídrica en Sinaloa, priorizando la captación de agua de lluvia, la modernización de redes, reparación de fugas, tecnificación del riego y recarga de acuíferos, advirtiendo que seguir apostando por soluciones de corto plazo compromete el futuro del estado y el derecho humano al agua.