El oficialismo dispensó todos los trámites para acelerar la reforma y enviarla al Poder Ejecutivo para su publicación. La oposición asegura que es confusa y fomenta la corrupción.

Los senadores oficialistas aprobaron en fast track la minuta que expide la Ley de Aguas y modifica la Ley de Aguas Nacionales, dispensando todos los trámites legislativos y aprobando la propuesta de urgente resolución.

La discusión se realizó sin pasar por comisiones y a unas horas de haber sido aprobada la reforma en San Lázaro.

Con 85 votos a favor y 36 en contra fue aprobada la norma que establece nuevas facultades a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), establece sanciones al manejo doloso del líquido con fines de lucro e instituye el procedimiento las reasignaciones de volúmenes de agua a concesionarios.

En medio de un desaseo legislativo los congresistas oficialistas aprobaron en menos de dos días la Ley de Aguas, primero saltándose los trámites legislativos en San Lázaro, haciendo lo mismo en el Senado y esperando la minuta desde las ocho de la mañana. La reforma llegó a las 4 de la tarde y en menos de cinco horas la aprobaron en lo general.

La reforma pasa a la titular del Ejecutivo para que la publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entre en vigor.

La reforma fija que la Conagua crea el Fondo Nacional del Agua para otorgar la extinción de títulos de concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, así como la cesión de volúmenes.

La reforma también establece en su artículo 49 que cuando se transmita el dominio de tierras vinculadas con un título de concesión para el uso del agua, la nueva persona propietaria conservará los derechos sobre la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas correspondientes.

SANCIONES POR LUCRO
La reforma establece que a quien dolosamente traslade aguas nacionales con fines de lucro se le impondrán, cuando la cantidad sea menor a 50 mil litros, prisión de tres a cinco meses, y cuando la cantidad sea mayor o equivalente a 50 mil litros, prisión de seis a ocho meses, ambas con multas económicas.

También fija que se le impondrán de tres meses a cinco años de prisión y multa económica a quien –sin autorización expedida por la autoridad competente– altere, desvíe u obstruya los cauces, vasos, corrientes o flujos de aguas nacionales y genere afectación directa a las condiciones hidráulicas.

Además, establece que se impondrán de dos a catorce años de prisión a la persona servidora pública que otorgue concesiones, asignaciones, prórrogas, permisos o registre títulos de concesión de las aguas nacionales a cambio de un beneficio no comprendido en su remuneración para sí, para su cónyuge, parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, parientes por afinidad hasta el segundo grado o para terceros con quien tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que la persona servidora pública.

OPOSICIÓN ACUSA REFORMA AL VAPOR SIN SUFICIENTE ANÁLISIS
Durante la discusión, los senadores opositores se mostraron en contra de la reforma por considerarla hecha al vapor y sin respetar los procesos constitucionales en consultas.

El senador de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Donaldo Colosio, afirmó que no acompañarán la reforma porque la minuta tiene discrecionalidad, por atribuirle más responsabilidades a Conagua y por la falta de una consulta indígena.

“La discrecionalidad. Se concentran atribuciones en la Conagua sin contrapesos reales, sin reglas claras y que sean predecibles para la gente… se le cargan más responsabilidades a la Conagua sin fortalecerla en presupuesto o capacidades.

“El artículo segundo constitucional es clarísimo, compañeras y compañeros. Reconoce el derecho de pueblos y comunidades indígenas a ser consultados de manera previa, de manera libre, de manera informada, cuando una decisión legislativa puede afectarles. Y eso no ocurrió aquí”, argumentó.

Por su parte, la senadora del PRI, Carolina Viggiano afirmó que la reforma es incompleta y sin estudios que la respalden.

“Esta minuta no tiene estudios económicos ni garantía presupuestal. No se presentó ningún análisis de impacto financiero. No tiene presupuesto suficiente. El derecho humano al agua queda en el discurso, no en la realidad. Tampoco se asegura inversión para infraestructura, operación ni vigilancia.

“Hicimos ocho foros en todo el país. Ustedes solo hicieron un foro en la Ciudad de México. Es una reforma confusa y difícil de aplicar. Discrecional. Fomenta la corrupción. Y es discrecional a propósito para que ustedes decidan a quién le van a dar o reasignar las concesiones”, enfatizó.