La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado de Sinaloa informó sobre los hechos registrados este día en el recinto legislativo, luego de que un grupo de manifestantes pertenecientes a la Asociación de Jubilados y al Frente de Defensa de los Derechos Laborales de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) irrumpiera de manera violenta en el Salón de Sesiones, obligando a la suspensión de los trabajos parlamentarios.
De acuerdo con el comunicado oficial, desde su arribo al Poder Legislativo, los manifestantes fueron atendidos por personal institucional, manteniendo la apertura y disposición al diálogo que, señaló la JUCOPO, ha caracterizado a la actual 65 Legislatura ante las expresiones ciudadanas.
Atendiendo la solicitud de ser escuchados por las y los integrantes de la JUCOPO, la Presidencia de la Mesa Directiva instruyó la conformación de una comisión para entablar el diálogo, encabezada por la diputada María Teresa Guerra Ochoa, en su calidad de presidenta, así como por los diputados Juan Carlos Villa Romero y Bernardino Antelo Esper.
Para garantizar un diálogo respetuoso y en condiciones dignas, se dispuso el Salón Constituyentes de 1917 como sede del encuentro, al considerarse un espacio seguro, cómodo y adecuado, especialmente para las personas adultas mayores que integraban el grupo. Sin embargo, pese a la invitación formal, los manifestantes rechazaron la propuesta y optaron por irrumpir en el Salón de Sesiones, donde derribaron puertas, causaron daños materiales y tomaron la tribuna.
Ante estos hechos, el Congreso del Estado sostuvo que “ninguna causa justa se fortalece cuando se recurre a actos de violencia”, al señalar que este tipo de acciones limita la construcción de acuerdos y propicia la confrontación en momentos que demandan serenidad y responsabilidad.
Finalmente, la JUCOPO reafirmó su compromiso con las y los trabajadores universitarios, reconociendo la legitimidad de su lucha como personas que entregaron su vida laboral a la Casa Rosalina, y reiteró que continuará impulsando la ruta del diálogo con el gobierno federal, autoridades estatales y universitarias, en un marco de respeto, transparencia y rendición de cuentas, siempre en favor de la educación pública y la dignidad laboral.
