Esta es la primera entrega de la serie “Generación AFORE“, un análisis en tres partes sobre el fracaso del sistema de pensiones en México y quiénes se beneficiaron realmente de este modelo.
Casi tres décadas después de la implementación del sistema de cuentas individuales en México, el veredicto es demoledor. El modelo de las AFORES no solo ha fracasado en su promesa fundamental de garantizar retiros dignos, sino que ha condenado a toda una generación de trabajadores mexicanos a la pobreza en su vejez. Los números son inapelables, y detrás de ellos se esconde una verdad incómoda: el experimento de privatización del ahorro para el retiro fue diseñado para beneficiar a unos cuantos mientras transfería todo el riesgo a los trabajadores.
Para entender la magnitud del fracaso, hay que hablar de la tasa de reemplazo: el porcentaje del último salario que una persona recibe como pensión. Los organismos internacionales como la OCDE recomiendan que esta tasa se ubique entre el 70% y el 85% para garantizar que alguien pueda mantener su nivel de vida durante el retiro. La realidad mexicana es brutalmente distinta. Según datos de la propia OCDE de 2017, la tasa de reemplazo bruta promedio en México era de apenas 26.4% para hombres y 24.8% para mujeres. Menos de una cuarta parte del último salario. Otros estudios sitúan el promedio general alrededor del 42% para quienes lograron pensionarse bajo el sistema de las AFORES antes de la reforma de 2020.
La aritmética de la miseria es simple: un trabajador que cotizó durante 25 años con un salario promedio de 12 mil pesos mensuales y alcanza una tasa de reemplazo del 40% recibirá una pensión de 4,800 pesos al mes. Con ese dinero debe cubrir renta, servicios, comida, medicinas y lo que le quede de vida. Esta no es una distopía futurista; es la realidad presente de millones de mexicanos que confiaron en el sistema.
Ante el fracaso evidente del modelo de capitalización individual, el gobierno implementó la Pensión Mínima Garantizada como una red de seguridad. En septiembre de 2023, esta pensión era de 5,376 pesos mensuales en promedio. Esta cifra es reveladora por lo que implica: el Estado reconoce implícitamente que el sistema de ahorro individual no funciona y debe intervenir con recursos públicos para evitar que los jubilados caigan en la indigencia absoluta. Antes de la reforma de 2020, se estimaba que de los pocos trabajadores que lograrían pensionarse, aproximadamente el 25% de la llamada Generación AFORE, al menos dos terceras partes lo harían con el monto de la Pensión Mínima Garantizada. Para la mayoría, no importó cuánto cotizaron o cuánto acumularon durante décadas. El sistema los llevó al mismo destino: el piso, el mínimo, la insuficiencia garantizada.
El diseño del sistema ignoró deliberadamente las realidades estructurales del mercado laboral mexicano. Menos del 50% de las cuentas administradas por las AFORES están activas, es decir, han recibido al menos una aportación en los últimos tres años. Esta cifra aparentemente técnica esconde una verdad brutal: el sistema de capitalización individual castiga implacablemente la informalidad y la precariedad laboral. En un país donde millones de trabajadores entran y salen del mercado formal, donde los periodos de desempleo son frecuentes y la rotación laboral es la norma, un sistema que solo acumula cuando estás cotizando es una trampa perfecta. El modelo fue diseñado para una estabilidad laboral que simplemente no existe en México.
Aunque las AFORES reportan rendimientos nominales aparentemente atractivos —en agosto de 2025, algunas administradoras como Profuturo lideraban con rendimientos brutos del 7% al 8% en ciertas SIEFORES generacionales según cifras de la CONSAR—, la crítica académica señala consistentemente que el rendimiento neto real, descontando inflación y comisiones, ha sido notablemente bajo, e incluso negativo en ciertos periodos. El dinero crece en el estado de cuenta en términos nominales, pero su poder adquisitivo real se erosiona. Los trabajadores ahorran durante 25 o 30 años, miran su saldo crecer en pesos nominales, y al final descubren que ese dinero compra mucho menos de lo que anticipaban.
Las comisiones agregan otra capa de perversidad al modelo. Actualmente, las AFORES cobran una comisión que ronda el 0.57% sobre el saldo administrado. Suena modesto, casi irrelevante, hasta que se aplica sobre billones de pesos durante décadas. Ese porcentaje se convierte en un flujo de ingresos multimillonario constante para las administradoras. La estructura de incentivos es clara: las AFORES ganan con solo administrar el dinero, independientemente del resultado final para el trabajador. Si la pensión es miserable, ellas igual cobraron su comisión durante décadas. El riesgo lo asume el trabajador; la ganancia garantizada es de las administradoras.
En diciembre de 2020, ante la evidencia abrumadora del fracaso, el gobierno implementó una reforma al sistema de pensiones. Se redujo el número de semanas cotizadas necesarias para tener derecho a una pensión, de 1,250 a 750 semanas, y se aumentó gradualmente la aportación patronal del 6.5% al 15% del salario, llegando a ese tope en 2031. Los defensores del sistema celebraron la reforma como una corrección necesaria. Los datos oficiales presumen que la tasa de reemplazo promedio de quienes se pensionaron a partir de 2021 subió al 72%.
Pero esta mejora aparente oculta una realidad incómoda: esa tasa de reemplazo del 72% depende fundamentalmente del rescate del gobierno a través de la Pensión Mínima Garantizada y las aportaciones sociales, no del éxito del modelo de capitalización individual. Es el Estado, con fondos públicos provenientes de todos los mexicanos, el que está complementando las pensiones insuficientes que genera el sistema de cuentas individuales.
La reforma no arregló el modelo; apenas puso un parche con dinero público para tapar el hueco que dejó el experimento privatizador. Y más importante aún: esa mejora llegará demasiado tarde para la generación actual de trabajadores próximos a pensionarse. Los beneficios completos del aumento gradual de aportaciones se verán hasta 2031, dejando a millones en el limbo de la insuficiencia durante la próxima década.
Lo que llamamos la Generación AFORE no es solo un término técnico o académico. Es el nombre de una generación que fue sacrificada en el altar de un experimento ideológico que priorizó la eficiencia teórica del mercado sobre la seguridad concreta de las personas. Es el nombre de millones de trabajadores mexicanos que cumplieron con su parte del trato, que cotizaron durante décadas bajo la promesa de que el ahorro individual era el camino a la seguridad en la vejez, y que ahora descubren que fueron parte de un modelo que sistemáticamente favoreció los intereses del sector financiero sobre su bienestar.
La pregunta incómoda que surge de este análisis es inevitable: si el sistema fracasó tan rotundamente para los trabajadores, ¿fracasó para todos? Los números sugieren lo contrario. Mientras millones de mexicanos enfrentan una vejez de privaciones con pensiones de cinco mil pesos, las AFORES administran activos por más de 6.8 billones de pesos al cierre de 2024, generan plusvalías acumuladas de 3.6 billones de pesos, y obtienen rendimientos anuales de cientos de miles de millones. El sistema no fracasó; cumplió perfectamente con su verdadero objetivo, que nunca fue garantizar retiros dignos, sino convertir el ahorro obligatorio de los trabajadores en un gigantesco fondo de inversión para el sector financiero.
La Generación AFORE es el nombre de una estafa perfectamente legal, diseñada con sofisticación técnica y respaldada por el poder del Estado. Es la historia de cómo se convence a toda una generación de que su pobreza futura es resultado de su falta de previsión individual, cuando en realidad es el resultado predecible de un sistema que desde su diseño priorizó la rentabilidad privada sobre la dignidad pública. Y mientras el debate nacional sigue girando en torno a la supuesta “insostenibilidad” de las pensiones, nadie pregunta por qué un país es capaz de tolerar miles de millones de pesos perdidos en corrupción y evasión fiscal, pero considera una carga insoportable garantizarles un retiro digno a quienes construyeron su riqueza con décadas de trabajo.
