Culiacán, Sinaloa.— Al tomar la palabra en tribuna del Congreso del Estado, la Diputada Paola Gárate Valenzuela exigió al Gobierno Municipal de Salvador Alvarado y a las autoridades de salud estatal y federal, restablecer de forma inmediata el servicio de urgencias médicas en Guamúchil, tras el cierre definitivo del Hospital General IMSS-Bienestar el pasado 25 de agosto.

“Cerrar un hospital sin garantizar atención alternativa no es una decisión técnica: es una condena social. Se está poniendo en riesgo la vida de miles de familias del centro-norte de Sinaloa, y nadie asume la responsabilidad”, advirtió.

Gárate Valenzuela denunció que desde el cierre del hospital, la única institución que ofrece atención de urgencias en la cabecera municipal es la clínica ordinaria del IMSS, un espacio ya saturado, con limitaciones en personal, equipo y capacidad resolutiva, incapaz de atender emergencias hospitalarias o a la población sin seguridad social.

Además, recordó que los hospitales integrales de Mocorito y Angostura, señalados por algunas autoridades como “alternativas”, son en realidad pequeñas clínicas rurales sin quirófano, sin especialistas y con recursos muy limitados, lo que ha obligado a muchas personas a trasladarse a Culiacán, con riesgo de perder la vida en el trayecto.

“No se puede seguir normalizando que las familias tengan que organizar rifas para pagar servicios privados o resignarse a sufrir la falta de atención médica por parte de un Estado ausente”, sentenció.

Durante su intervención, la diputada relató un caso documentado por una regidora del municipio, sobre una mujer que padecía dengue hemorrágico y no pudo ser estabilizada en una clínica privada ante la falta de insumos. La ausencia del IMSS-Bienestar y la carencia de infraestructura pública derivaron en su fallecimiento.

“Esa vida se perdió no por el virus, sino por el abandono institucional. Y no es la única. ¿Cuántas más tendrán que morir para que las autoridades reaccionen?”, cuestionó.

Sobre el anuncio de un nuevo hospital con una supuesta inversión de 450 millones de pesos, Gárate fue contundente: “No hay predio asignado, no hay fecha de inicio, no hay proyecto técnico. Solo rumores, discursos vacíos y promesas sin sustento”, afirmó.

Enfatizó que la salud no puede suspenderse por trámites administrativos, y que los tres niveles de gobierno deben ofrecer una solución real, inmediata y efectiva.

La diputada también expuso cifras del más reciente informe del INEGI, que reflejan una crisis estructural en el sistema de salud a nivel nacional: en 2024, el 32.2% de los hogares mexicanos carecían de acceso a servicios médicos, lo que representa 44 millones de personas desprotegidas, 24 millones más que en 2018.

“Este retroceso histórico en materia de salud es el mayor fracaso del gobierno federal. No solo afecta la salud física, también empobrece a las familias que tienen que endeudarse para pagar consultas o medicinas privadas”, añadió.

Finalmente, Paola Gárate lanzó un enérgico llamado al Gobierno Municipal de Salvador Alvarado, al exigir que asuma su responsabilidad y deje de ser un espectador ante la emergencia sanitaria que vive Guamúchil.

“La salud no es un favor ni una promesa política. Es un derecho constitucional, y el pueblo exige que se respete. ¡Restablezcan ya el servicio de urgencias en Guamúchil!”