El sol del mediodía caía a plomo sobre el bulevar Ciudades Hermanas, cuando un grupo de jubilados del Ayuntamiento de Culiacán, muchos de ellos de cabello encanecido y pasos cansados, vestidos de blanco y con pancartas en mano, levantaron la voz frente a las oficinas del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (STASAC). Eran hombres y mujeres que durante décadas entregaron sus mejores años a la función pública, hoy reclamando lo que es suyo: la transparencia en el manejo de sus ahorros, el fruto de una vida laboral que debería estar garantizado.

“Queremos nuestros intereses, nos pertenecen, es nuestro derecho”, gritaban con la voz entrecortada por la indignación y el cansancio. A su alrededor, automovilistas redujeron la velocidad para observar la escena: ancianos manifestándose contra la opacidad del dirigente sindical Julio Duarte, a quien señalan de esconder las cuentas y alargar con pretextos la entrega de los recursos que legítimamente corresponden a los trabajadores.

Pero lo que debió ser una protesta cívica se convirtió en un episodio lamentable. Hasta el lugar llegó el propio Julio Duarte, escoltado por un grupo de trabajadores activos y eventuales, jóvenes con el pecho erguido y la mirada retadora, que se plantaron frente a los jubilados en una actitud que más parecía de choque que de diálogo. No estaban ahí para escuchar razones, sino para silenciar reclamos.

El dirigente, con el rostro crispado por la ira, no dudó en señalar públicamente a los periodistas presentes como responsables de la manifestación. Con voz estentórea y dedo acusador, arremetió contra el comunicador Enrique Santoyo Amaral, periodista con larga trayectoria en el gremio, acusándolo de ser el organizador y convocante de la prensa.

“El Santoyo fue el que convocó, lo mandó Javier López —gritó Duarte con furia—. Ese es el que está detrás para que convoque a la prensa porque este no es un tema importante. Dile a Javier que se le va a acabar la aviación, que se ponga a trabajar”, lanzó, en clara alusión a Javier López, reportero gráfico y trabajador de base del Ayuntamiento de Culiacán.

La amenaza quedó registrada en cámaras, pues todos los medios de comunicación de la ciudad habían acudido a cubrir la protesta. No fue un arrebato privado ni un comentario desafortunado: fue una advertencia pública, un intento de intimidación contra dos comunicadores cuyo único “delito” fue hacer su trabajo, informar lo que sucede, dar voz a quienes no son escuchados.

La gravedad del hecho

En cualquier democracia, acusar a un periodista de ser agitador social y responsabilizarlo de una protesta equivale a ponerlo en la mira. Julio Duarte, al señalar con nombre y apellido a Enrique Santoyo y a Javier López, los convierte en blanco de posibles represalias. Y lo hace desde una posición de poder sindical, con un séquito que lo respalda, lo que agrava todavía más el tono de amenaza.

¿Es este el papel de un líder sindical? ¿El de un hombre que, lejos de rendir cuentas, decide culpar a los comunicadores de las exigencias legítimas de sus agremiados?

La actitud de Duarte no solo es deplorable, es peligrosa. Porque cuando se normaliza señalar a la prensa como enemiga, se abre la puerta a la violencia contra periodistas. Y en Sinaloa, un estado marcado por la historia de agresiones contra comunicadores, las palabras del dirigente pesan más que una simple exclamación al calor del momento.

La respuesta del gremio

El gremio periodístico no tardó en reaccionar. La Asociación de Periodistas de Sinaloa (APS), encabezada por Juan Manuel Partida Valdez, emitió un manifiesto contundente en respaldo a Santoyo Amaral y Javier López.

“Repudiamos con toda nuestra energía las expresiones del dirigente sindical del STASAC, Julio Duarte. La libertad de expresión y el derecho a la información son garantías constitucionales que no están al gusto de quienes pretenden dictar lo que se puede y lo que se debe informar. Todo nuestro apoyo y solidaridad con Santoyo Amaral, quien presentará denuncia ante la Fiscalía de Justicia y queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa”, señala el documento firmado también por Rosalinda Gámez Gastélum, Damaris López Ríos y Marco César Ojeda Castro.

El mensaje es claro: no se permitirá que las amenazas se conviertan en norma. La prensa tiene la responsabilidad de informar, y la sociedad el derecho de estar enterada. Acusar a un periodista de ser responsable de una realidad social no solo es absurdo, es un acto de persecución.

La denuncia

Enrique Santoyo Amaral, acompañado de la solidaridad de sus colegas, acudió esa misma tarde a la Fiscalía General del Estado a presentar formal denuncia contra Julio Duarte. También llevó su queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, consciente de que este no es un caso menor, sino un precedente que no debe quedar en la impunidad.

“Lo que suceda en adelante, lo que pueda pasarme a mí o a mi compañero Javier López, será responsabilidad de Julio Duarte”, advirtió Santoyo, con la serenidad de quien ha decidido enfrentar la injusticia con la fuerza de la razón y la ley.

Epílogo

La protesta de los jubilados, hombres y mujeres de la tercera edad que solo pedían cuentas claras, quedó marcada por la intolerancia de un dirigente que no soporta ser cuestionado. Julio Duarte reaccionó como los viejos caciques sindicales: con amenazas, con señalamientos, con la absurda idea de que culpar a los periodistas resolverá la inconformidad de sus agremiados.

Hoy, la sociedad sinaloense tiene frente a sí un espejo de lo que no debe repetirse. El gremio periodístico ya levantó la voz. Ahora corresponde a las instituciones garantizar que ni Enrique Santoyo Amaral ni Javier López sufran consecuencia alguna por cumplir con su deber.

Si algo les sucede, la responsabilidad histórica, moral y jurídica recaerá sobre un solo nombre: Julio Duarte.