Activistas exigen la reforma a los códigos penales de todos los estados para que “el aborto voluntario deje de ser un delito”

Colectivos y organizaciones civiles exigieron la reforma de los 33 códigos penales de México para “derogar el delito del aborto voluntario de forma total”, además de garantizar el acceso efectivo a este derecho en los 24 estados donde es legal, en el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible.

Las 37 entidades firmantes extendieron su posición a partir de seis demandas, una de ellas destacó la reforma a los códigos penales para que “el aborto voluntario deje de ser un delito”, una petición acorde con la decisión que aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México de eliminar “el delito del aborto” del Código Penal Federal en 2023.

Este avance por parte de la SCJN, apuntó el documento, “establece que el aborto es parte del derecho a decidir y que el Estado tiene la obligación de proporcionar servicios de salud accesibles, gratuitos, confidenciales, seguros, expeditos y no discriminatorios para la interrupción del embarazo”.

Los movimientos “hemos logrado que, en al menos 21 estados del país, se provean servicios de aborto voluntario limitados hasta la semana 12.6 y en Sinaloa a la semana 13.6”, aunque en ocho estados estos servicios no están disponibles porque “la legislación penal continua prohibiendo el aborto”.

“En Tamaulipas, hace algunas semanas se le negó el acceso al aborto por violación a una niña de 10 años”, advirtió el posicionamiento nacional convocado por Abortistas MX.

Además, aclararon que “la situación en los estados que han despenalizado el aborto voluntario no es mejor”, ya que los servicios son limitados o retrasados, lo que representa una “violación de los derechos humanos”.

Por ejemplo, destacaron el caso de Michoacán, uno de los estados que concentra el 54 por ciento de los homicidios en el país, donde el acceso a los servicios de aborto seguro (SAS) es desigual, ya que está centralizado en hospitales de la capital, lo que obliga a las personas a viajar en un contexto de inseguridad, violencia y militarización.

En ese sentido, las peticiones abrazan la “atención de aborto” con una “asignación suficiente de presupuesto”, el apego de las instituciones sanitarias a “los más altos estándares de derechos humanos” y bajo las recomendaciones y directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) supervise este servicio público y privado.

Además, se pide la regulación “en la Ley General de Salud de la objeción de conciencia, priorizando el bienestar de las personas que necesiten un aborto”.

Este 28 de septiembre, miles de personas de distintos estados del país saldrán a las calles a marchar por esta acción global hacia un aborto legal, seguro y accesible para mujeres cis, hombres trans, personas transmaculinas y no binaries.