La Oficina de Control de Bienes Extranjeros anunció nuevas sanciones en contra de miembros de alto rango de la facción del Cártel de Sinaloa que encabeza Ismael Zambada Sicairos, ‘El Mayito Flaco’.

El futuro del poderío que Ismael El Mayo Zambada forjó para el Cártel de Sinaloa durante décadas en Baja California pende de un hilo luego de que los líderes y colaboradores de sus dos células criminales más importantes en el estado se han convertido en objetivos del gobierno estadounidense.

Juan José Ponce Félix, alias El Ruso, líder de un violento brazo armado al servicio de Los Mayos, así como socios de la red criminal de los hermanos René y Alfonso Arzate García -incluyendo la ex edil de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo- fueron recientemente designados por la Oficina de Bienes Extranjeros (OFAC).

Además de la primera política activa en ser incluida en la lista negra del Departamento del Tesoro, entre los sancionados se ubicó al empresario Jesús González Lomeli y a los hermanos Mario Alberto y Karlo Omar Herrera Sánchez, a quienes se le señala como el enlace con la célula de los Arzate García, antiguos socios de confianza de El Mayo Zambada.

El Ruso, La Rana y El Aquiles

A diferencia de Los Chapitos, quienes han perdido a operadores y jefes de seguridad de alto perfil a más de un año del estallido del conflicto interno del Cártel de Sinaloa, el gobierno federal únicamente ha reportado una detención de relevancia para Los Mayos: la de Juan Carlos Félix Gastélum, El Chavo Félix.

El yerno de El Mayo Zambada era considerado como el segundo al mando en la facción, únicamente por detrás de Ismael Zambada Sicairos, El Mayito Flaco. Si bien en diversas ocasiones el Gabinete de Seguridad ha informado que buscan neutralizar tanto a Los Chapitos como a Los Mayos por igual, es ahora el gobierno estadounidense el que ha puesto en la mira a algunos de los socios más relevantes de la escisión que en algún momento encabezó el también llamado Señor del Sombrero.

Desde abril de 2024, la delegación de Los Ángeles del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) tenía identificado a Juan José Ponce Félix como un importante operador para el Cártel de Sinaloa, específicamente de la facción de Ismael El Mayo Zambada.

Además de encabezar al que consideran como su principal brazo armado, El Ruso ha sido investigado por su presunta participación en delitos como narcotráfico, posesión de armas de fuego, toma de rehenes y lavado de dinero. De acuerdo con el informe del FBI, los vínculos de Ponce Félix se extendieron a Sinaloa, California y Oregon.

La información que agencias de seguridad estadounidenses han obtenido sobre las operaciones de Juan José Ponce Félix fue plasmada en acusaciones presentadas en su contra ante los distritos central y sur de California.

Reportes periodísticos señalan que Ismael El Mayo Zambada envió a Juan José Ponce Félix a disputar a otras células delictivas el control del corredor de Tijuana – San Luis Río Colorado el cual, de acuerdo con el semanario ZETA, es considerado como el de mayor flujo de drogas a Estados Unidos.

Fue así como El Ruso y sus subordinados poco a poco comenzaron a interrumpir la cotidianidad de Baja California a través de operaciones como el cobro de piso, el tráfico de personas, máquinas tragamonedas, narcomenudeo y enfrentamientos que protagonizaron en contra de aliados de Los Chapitos y grupos delictivos locales que también buscaron el control del corredor. Aún así, en cuestión de tiempo, Mexicali se convirtió en una plaza criminal controlada por Los Rusos.

Respecto a los hermanos Arzate García, trasciende su longeva afinidad y cercanía con Ismael El Mayo Zambada, misma que alcanzaron entre 2007 y 2010 luego de que la organización criminal a la que pertenecían -el Cártel de los Arellano Félix- atravesara dificultades en la sucesión de su liderazgo.

De acuerdo con ZETA, dicha circunstancia fue aprovechada por Ismael El Mayo Zambada, quien desde años atrás buscaba socios confiables en Baja California, y los consiguió. La Rana y El Aquiles, como son mejor conocidos René y Alfonso Arzate García se convirtieron en sus principales operadores en Tijuana y municipios aledaños.

Además de catalogarlos como “extremadamente violentos” por su involucración en operaciones tácticas como secuestro y ejecuciones, autoridades estadounidenses acusan a los hermanos Arzate García de administrar operaciones de narcotráfico de diversas drogas -incluido el fentanilo- a Estados Unidos.

Por su amplia trayectoria delictiva, tanto La Rana como El Aquiles fueron acusados desde 2014, de forma separada, de delitos relacionados con el narcotráfico ante una corte del Distrito Sur de California. Si bien ambos permanecen prófugos, información recopilada por el semanario ZETA da cuenta de que, en México, han intentado promover amparos para obstaculizar la ejecución de órdenes de aprehensión que se han girado en su contra.

Los vínculos políticos en Baja California

Además de Tijuana, La Rana y El Aquiles han logrado extender su influencia a gran parte de la zona norte de Baja California incluyendo Rosarito, una comunidad costera que forma parte importante de un corredor importante para el trasiego de drogas.

Para mantener su imperio criminal en el estado, los hermanos Arzate García han logrado infiltrarse en gobiernos locales, según da cuenta la reciente designación de la OFAC a Los Mayos, la cual apunta como su operador político a Candelario Arceaga Aguirre, así como al empresario Jesús González Lomelí.

“René Arzate mantiene el mando de Rosarito a través de varios asociados, entre ellos Mario Alberto Herrera Sánchez y Karlo Omar Herrera Sánchez. Los hermanos Herrera trabajan con Jesús González Lomelí, un magnate empresarial con sede en Rosarito y operador financiero de alto rango del Cártel de Sinaloa, para ayudar a llevar a cabo las operaciones del cártel en el área”, rezan las investigaciones estadounidenses.

Jesús González Lomelí está identificado como el dueño de restaurantes, bares, clubes nocturnos y hoteles que han sido utilizados para lavar millones de dólares de las ganancias ilícitas provenientes del narcotráfico tanto para los hermanos Arzate García como para El Ruso.

En lo que a Candelario Arcega Aguirre respecta, su designación ante la OFAC fue motivada por su rol como corruptor de autoridades municipales de Rosarito, incluyendo a su ex edil, Hilda Araceli Brown Figueredo quien actualmente se desempeña como diputada federal de Morena.

“Arcega mantiene una estrecha relación personal con Brown y, debido a su cercanía, pudo controlar partes del gobierno municipal y nombrar a sus aliados en puestos de alto nivel dentro del gobierno de Rosarito”, abunda el informe del Departamento del Tesoro.
Según las investigaciones estadounidenses, durante el tiempo que Hilda Araceli Brown Figueredo fue edil de Rosarito, Candelario Arcega y González sirvieron como sus intermediarios con los hermanos Arzate García. En conjunto, recolectaron pagos de extorsión, administraron actividades y garantizaron la protección de las actividades criminales de La Rana y El Aquiles por parte de la policía municipal.

El control del corredor fronterizo
Por su ubicación geográfica, Baja California ha sido durante décadas un estado codiciado por organizaciones delictivas. Desde el Cártel de Tijuana, pasando por el de Sinaloa y hasta el Jalisco Nueva Generación han intentado controlar municipios y corredores clave para el trasiego de drogas en la entidad.

Si bien durante la década de los noventa fueron los hermanos Arellano Félix los encargados de operar el lucrativo negocio en el estado, la disputa con grupos criminales rivales y la eventual detención o abatimiento de sus líderes terminaron por debilitar su organización, dejando a su paso únicamente remanentes que aún conservan cierto grado de influencia en Baja California.

Al tiempo, el Cártel de Sinaloa y en específico la facción de Ismael El Mayo Zambada comenzaron a extender sus operaciones a diversas zonas de la entidad sin esperar que, años después, otra organización delictiva buscaría adentrarse: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Diversos reportes periodísticos y episodios como el Cachanillazo de 2023, dan cuenta de las disputas que los grupos delictivos han tenido por el control de las diversas economías criminales y de las plazas claves para operarlas. De este modo, la reciente designación y la cacería que Estados Unidos ha emprendido para detener a los líderes de Los Mayos en Baja California podría mover las piezas del hampa del estado.

En entrevista con MILENIO el analista en seguridad, David Saucedo, explicó que, en ocasiones, son esas mismas disputas entre organizaciones delictivas las que fungen como factores externos para frenar la expansión territorial de uno u otro grupo.

De acuerdo con el último informe anual de la Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), el Cártel Jalisco Nueva Generación ha logrado tener presencia en cada uno de los 32 estados de la República Mexicana, siendo Baja California una de las entidades en donde cuenta con mayor influencia.

Si bien el Cártel de Sinaloa también aparece en el mapeo de la agencia antinarcóticos con una fuerte presencia en el estado, la caída de sus principales operadores en Baja California podría dejar libre el control de sus rutas y plazas para el cártel de las cuatro letras.

Tanto Ismael El Mayo Zambada como Joaquín Guzmán Loera y dos de sus hijos se encuentran bajo custodia estadounidense, librando cada uno su respectiva batalla legal entre acuerdos de culpabilidad, colaboración y, en el caso de El Chapo, una sentencia a prisión de por vida. Sin embargo, las consecuencias de su liderazgo en el Cártel de Sinaloa aún se mantienen vigentes en México gracias a aliados como El Ruso, La Rana y El Aquiles, quienes han hecho de Baja California su centro de operaciones durante años.