La Casa Blanca y California se han enfrentado por la decisión de desplegar a la Guardia Nacional para contener protestas en Los Ángeles

Un juez federal de Estados Unidos dictó que el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles, California, ordenado por el presidente Donald Trump, constituye una violación de la ley federal y prohíbe el uso de estas tropas activadas en California.

El magistrado Charles Breyer, de la corte federal para el distrito norte de California en San Francisco, falló a favor de las autoridades estatales al considerar que la decisión del mandatario viola el Posse Comitatus Act.

Esta norma federal prohíbe el uso del Ejército y la Fuerza Aérea para labores de aplicación de la ley a nivel nacional, salvo en los casos expresamente autorizados por la Constitución o por una ley del Congreso.

“El juicio demostró que los Demandados utilizaron sistemáticamente soldados armados (cuya identidad a menudo era ocultada por armaduras de protección) y vehículos militares para establecer perímetros de protección y bloqueos de tráfico, ejercer control de multitudes y, en general, demostrar una presencia militar en los alrededores de Los Ángeles. En resumen, los Demandados violaron la Ley Posse Comitatus“, aseguró el magistrado.

En junio el gobernador de California, Gavin Newsom, y el fiscal general de California, Rob Bonta, demandaron a la Administración Trump y pidieron al tribunal que anulara “la acción ilegal del presidente de federalizar la Guardia Nacional de California”.

Además, el juez Breyer ordenó a la Casa Blanca que tiene prohibido “desplegar, ordenar, instruir, entrenar o utilizar a la Guardia Nacional actualmente desplegada en California, así como a cualquier tropa militar previamente desplegada en California”.

El magistrado matiza que, entre otros asuntos, no podrán participar “en arrestos, detenciones, registros, incautaciones, patrullas de seguridad, control de tráfico, control de multitudes, control de disturbios, recolección de pruebas, interrogatorios, o actuar como informantes”.

Esta prohibición se extenderá hasta que la Administración de Trump “cumpla con los requisitos de una excepción constitucional o legal válida”.