Culiacán, Sinaloa.- El Colectivo de Organizaciones y Empresarios (CORE33) exhortó al sector empresarial a utilizar los mecanismos de conciliación que ya hay en materia fiscal para evitar los largos y costosos juicios.

Pedro Villarreal Uribe, presidente en turno de CORE 33, explicó que estos mecanismos forman parte de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, la cual tiene como objetivo solucionar de manera rápida y expedita los conflictos que tengan los contribuyentes con las autoridades.

Expuso que para conocer más a fondo este tema se tuvo como orador invitado en la reunión quincenal del CORE 33 a Óscar López Pascual, quien fuera delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) en Sinaloa.

El exfuncionario federal que ahora litiga como abogado corporativo, precisó que la citada ley entró en vigor hace un año, y puntualizó que contempla la conciliación no sólo entre contribuyentes del sector privado con el sector público administrativo, sino entre los mismos contribuyentes del sector privado.

Para llegar a un acuerdo, expuso, hay diferentes figuras de mediación, como son la negociación, la negociación asistida, la mediación y la conciliación.

El objetivo, puntualizó, es solucionar los problemas y evitar con ello de alguna manera la sobrecarga de trabajo en los tribunales administrativos.

Es decir, dijo, puede haber soluciones más rápidas, más efectivas, más prontas, más justas y, sobre todo, a menor costo.
Indicó que las negociaciones se harán a través de los Centros de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

En estas instancias, dijo, al llegarse a un acuerdo se firmará un convenio, el cual tendrá incluso el carácter de cosa juzgada, es decir, como si hubiera existido una sentencia sin haber existido un juicio.

También, dijo, habrá centros de mecanismos alternos de solución para atender controversias privadas.
Es decir, expuso, los conflictos que haya al interior de grupos, asociaciones o Cámaras empresariales, podrán resolverse ahí.

Lo que se busca con todo lo anterior, precisó, es que se logre una justicia debidamente acreditada, calificada y prestada por personas totalmente capacitadas y certificadas.

Sin embargo, Pérez Pascual observó que aunque ya se tiene una ley general, todavía faltan ciertas regulaciones, leyes secundarias o reglamentos que vengan ya a determinar ciertos ámbitos de aplicación.

“Estamos a la expectativa de esto, estamos a la expectativa de que empiece o entre en funciones el centro de mecanismos alternativos de solución de controversias y pues que todo digamos ya empieza a aterrizar todo lo que la ley general establece y empiece a operar al 100 por ciento”, dijo.