La primera elección judicial ciudadana en México debía marcar un antes y un después en la manera en que las y los jueces se vinculan con la ciudadanía. En cambio, terminó como un experimento fallido, lleno de irregularidades, silencios incómodos y un sabor amargo para quienes aún creen en la democracia como herramienta de legitimidad.

Este proceso, que prometía acercar la justicia al pueblo, terminó atrapado en prácticas que debieron haberse dejado atrás hace tiempo. Lejos de la transparencia esperada, lo que se vivió fue una elección improvisada, mal organizada y, sobre todo, influenciada por intereses políticos más que por el mérito judicial. Así lo denunció, sin rodeos, la magistrada Janine Otálora, una de las pocas voces que se atrevieron a hablar claro.

El corazón del problema estuvo en los llamados “acordeones”, esas listas con los números de candidatos que circularon de forma masiva durante la jornada electoral.

No eran simples guías: eran instrucciones. Indicaciones claras para marcar determinadas casillas, muchas veces sin que el votante conociera quién estaba detrás de cada número. ¿Y cómo habría de saberlo? Para conocer a las candidaturas había que meterse a internet, revisar más de 3,000 perfiles, sin una boleta clara, sin información simplificada, sin tiempo, sin medios.

Esta no fue una elección libre, ni justa, ni realmente ciudadana. Fue una simulación en la que el aparato político intervino desde la planeación hasta la ejecución.

Desde la exclusión de perfiles en los comités de evaluación, hasta la omisión de reglas básicas como anular boletas sobrantes o garantizar un conteo transparente. Todo eso quedó registrado… o peor aún, no quedó registrado en la sentencia final, como si nada hubiera pasado. Ni una línea que reconociera que algo falló.

Y eso es quizás lo más grave: el silencio institucional. La negativa de la mayoría del Tribunal Electoral a dejar constancia formal de las irregularidades abre la puerta a la normalización de estas prácticas. Si se permite que este precedente quede sin consecuencias, ¿qué nos espera en 2027? ¿Más acordeones? ¿Más elecciones simuladas? ¿Más ciudadanos votando sin información y bajo consigna?

La magistrada Otálora lo dijo con claridad: esta elección no puede repetirse. No podemos seguir ignorando lo evidente. La legitimidad no se decreta, se construye. Y si las y los jueces habrán de obtenerla a través del voto, es el Estado quien debe garantizar las condiciones para que ese voto sea libre, informado y consciente.

Pero hoy, lo que nos queda es la sensación de una oportunidad desperdiciada. Y el temor de que el daño hecho no sólo afecte a esta elección, sino a la confianza futura en los procesos democráticos. Porque cuando se elige a la justicia de forma injusta, toda la democracia pierde.