El sueldo de Julio Enrique Duarte Apan, difundido y cuestionado en los últimos días, al igual que los elevados emolumentos de sus familiares cercanos, no sería objeto de crítica si respondiera a una trayectoria ética, transparente y orientada al servicio de los trabajadores.
Sin embargo, detrás de esa nómina oficial se despliega un entramado de privilegios que bordea la obscenidad: familiares directos e indirectos, amigos cercanos y aliados políticos que, gracias a acuerdos de conveniencia, también viven de las arcas municipales. A ello se suman negocios paralelos —una agencia de viajes, la venta de muebles y electrodomésticos, la renta de un salón de fiestas y otros ya señalados— que completan un cuadro de acumulación y lujo difícil de justificar.
La imagen que se proyecta es la de una dirigencia sindical que ha perdido el sentido más profundo de la representación: ser la voz de los trabajadores. En su lugar, aparece un grupo enquistado en el poder, aferrado a sus beneficios mientras las bases ven pasar los años sin la estabilidad laboral que legítimamente merecen. ¿Cómo explicar que cientos de trabajadores acumulen décadas de servicio sin recibir una base, mientras el sindicato reparte privilegios bajo la lógica de la cercanía política y no de la justicia?
La ética, decía Albert Camus, “no es una abstracción: es el rostro del otro que nos interpela”. Sin embargo, aquí parece haberse diluido entre planillas, pactos de conveniencia y lujos personales. La contradicción se vuelve insoportable cuando quien debería defender a la base, aparece más bien como un administrador de beneficios propios y de su círculo íntimo.
El problema no es solo la falta de transparencia, sino la ausencia de vergüenza. Buscar un tercer mandato al frente del STASAC no es un acto de compromiso, sino una afrenta a la inteligencia colectiva de quienes, con esfuerzo y sacrificio diario, sostienen la vida laboral del Ayuntamiento. Gabriel Zaid escribió alguna vez que “la riqueza excesiva, en un país pobre, no es un privilegio, es un insulto”. Y en este caso, ese insulto se multiplica al provenir de un sindicato cuya misión tendría que ser precisamente la defensa de los más vulnerables.
El sindicato se ha convertido en un espejo deformado de la realidad social: mientras unos pocos disfrutan de viajes, fiestas y negocios paralelos, cientos de trabajadores ven postergadas sus aspiraciones básicas de seguridad laboral. Esa desigualdad, sostenida desde la dirigencia, erosiona no solo la credibilidad del STASAC, sino también la confianza en el sindicalismo mismo como herramienta de transformación.
Es momento de decirlo con claridad: la base merece algo mejor. No más de lo mismo, no más continuismo disfrazado de liderazgo. El relevo no es un capricho, es una necesidad ética, histórica y social. Renovar al STASAC significa recuperar su esencia: volverlo un espacio de defensa colectiva, un contrapeso frente a los abusos, un lugar de esperanza para los trabajadores y no una plataforma de enriquecimiento personal.
Octavio Paz advertía que “toda tradición que no se renueva, se vuelve tiranía”. El STASAC está hoy en esa disyuntiva: renovarse o seguir hundido en el descrédito de una dirigencia que perdió el rumbo.
La dirigencia actual puede insistir en justificarse, pero el juicio más duro es el de la historia, y la historia suele ser implacable con los que confunden la representación con el usufructo personal. La base sindical, esa que ha soportado silencios y promesas incumplidas, tiene la última palabra.
Y esa palabra, que debería resonar fuerte y clara, no es continuidad. Es renovación.