Culiacán, Sinaloa.- La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa, presidida por la diputada Teresa Guerra, fijó postura sobre el caso Ahome y la declaratoria de procedencia aprobada el pasado 2 de mayo, afirmando que dicha decisión es plenamente constitucional y se encuentra apegada a derecho.

En un comunicado conjunto, las y los coordinadores parlamentarios aclararon que el Congreso no ha sido notificado de ninguna resolución que otorgue una suspensión definitiva en este caso. Además, señalaron que las declaratorias de procedencia son actos legislativos irrecurribles, de acuerdo con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la Queja 33/2021, la cual establece que no procede el juicio de amparo contra este tipo de determinaciones, al ser facultad soberana de los congresos locales.

Respecto a la medida cautelar emitida por el Juzgado Primero de Distrito en Zacatecas, el Congreso puntualizó que no entra al fondo del asunto, ya que la audiencia constitucional está prevista hasta el 8 de septiembre. Además, recordó que el mismo juez había negado una suspensión provisional el pasado 16 de julio por falta de pruebas del quejoso.

El comunicado también menciona que otros intentos de amparo interpuestos en diversas entidades han sido declarados improcedentes, respaldándose en la jurisprudencia 1a/J.44/2004 de la SCJN, la cual establece que no procede suspensión alguna en impugnaciones contra declaratorias de procedencia.

Asimismo, se subrayó que la situación jurídica del quejoso ha cambiado, al estar ya vinculado a proceso penal, lo cual le impide ejercer funciones en un cargo con fuero, conforme a lo dispuesto en los artículos 135 y 136 de la Constitución de Sinaloa.

Finalmente, la Junta de Coordinación Política denunció un posible intento de manipular el proceso legal mediante una orden de aprehensión gestionada en otra entidad, lo que consideró un acto de corrupción. El Congreso reiteró su compromiso de actuar con firmeza, en el marco de la legalidad y en defensa del Estado de Derecho.

El comunicado fue suscrito por las y los coordinadores de los grupos parlamentarios de Morena, Partido Verde Ecologista de México, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y Partido Sinaloense.