Hay un segmento de la sociedad mexicana que pregunta: ¿de qué privilegios gozan periodistas y defensores de derechos humanos para tener instituciones de protección que les permitan desempeñar su función con seguridad y libertad? ¿Por qué no proteger a los fierreros que se juegan la vida en las alturas de enormes torres en construcción, colocando varillas o estructuras de acero, o a los médicos rurales en medio de la nada o socorristas que cruzan teatros de guerra para salvar vidas? Todos estos trabajos, sin duda, son encomiables pero tienen sus diferencias en cuanto a impacto social.
En esta ya vieja discusión, además de ociosa y circular, ha quedado clara la contribución democrática y social tanto de activistas como de periodistas que defienden derechos y libertades en un país azotado por la violencia y marginación. En infinidad de casos, son la última línea de esperanza para miles de ciudadanos sin voz, vulnerables o invisibles. Y ambos lo hacen en condiciones de severa adversidad, bajo fuego cruzado de delincuentes y servidores públicos corruptos, poniendo en riesgo su propia vida.
Mientras el fierrero se columpia en su osadía para impactar con sus piruetas fantásticas la vida de unas cuantas familias que habitarán el edificio, el trabajo del periodista o defensor podría incidir en las condiciones de vida de miles de comunidades, municipios, estados o del país mismo.
Al cumplirse ya 10 meses de la guerra intestina entre facciones criminales en Sinaloa, durante 2 días se reunieron en Culiacán varios dirigentes de los mecanismos federal y estatales de protección que hace un año decidieron integrar la red nacional (RedPro) que -mediante acciones preventivas, solidaridad, empatía, buenas prácticas y estrategias eficaces- pretende mejorar las condiciones en que comunicadores y activistas realizan su trabajo
Durante el desarrollo de talleres, paneles y conversatorios, los asistentes expusieron las diversas realidades regionales y problemáticas locales, pues no es lo mismo proteger a periodistas en Oaxaca que tiene 570 municipios que en Baja California que tiene 7, independiente de las enormes diferencias políticas, sociales, culturales y económicas de cada estado. Por estos contrastes de un México brutalmente desigual, todos coincidieron en un tema: mientras las potencialidades del Estado mexicano sean insuficientes e incapaces para garantizar la seguridad física, emocional y patrimonial de periodistas y defensores, será necesario fortalecer y articular sinergias entre organizaciones de la sociedad civil que amplíen la paraguas de la protección. Y en este sentido cada mecanismo o instituto tendrá que diseñar sus propias estrategias y planes de protección que respondan a su contexto particular, pues sería inútil diseñar un modelo general que sirva para todos.
Se habló mucho de la prevención, a partir de la idea de corresponsabilidad dual entre el Estado, que debe garantizar seguridad, y el autocuidado de quienes desempeñan labores de riesgo. Y en este sentido, el reto es cuesta arriba y contracorriente porque mientras todo mundo huye de la balacera, el reportero va en sentido contrario a su encuentro o el activista se encadena a un árbol mientras el incendio del bosque avanza. ¿Cómo se puede garantizar protección en estas condiciones? Encontrar la vía es una asignatura pendiente de esta red.
Participaron en este primer encuentro del primer aniversario de la RedPro el Mecanismo Federal (Segob), Veracruz, Estado de México, Sinaloa, Durango, Oaxaca, Puebla, Chihuahua, Guanajuato, Baja California Norte, Coahuila y el Alto comisionado de la ONU en Derechos Humanos, así como las asociaciones civiles Artículo 19, Espacio OSC, Cimac, Red por la Libertad de Expresión Contra la Violencia y, como anfitrión, el Instituto de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa que también líderea al grupo.
Falta mucho por hacer, es verdad, pero cada paso firme cuenta. Enhorabuena!
Saludos cordiales
