Culiacán, Sinaloa.– El Congreso del Estado de Sinaloa fue sede del conversatorio “Transparencia, Justicia y Ciudadanía: Oportunidades para el Combate a la Corrupción”, un espacio plural en el que convergieron representantes de los tres poderes, organismos autónomos, sociedad civil organizada y especialistas en rendición de cuentas.

Durante el encuentro, la diputada María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política, participó como ponente y destacó los avances legislativos impulsados por la 65 Legislatura para abrir el Congreso a la ciudadanía. Entre ellos, subrayó la creación de la Unidad de Atención Ciudadana y Asesoría Parlamentaria, desde la cual se han presentado al menos 10 iniciativas ciudadanas ante el Pleno y se han gestionado más de 120 trámites.

“La lucha contra la corrupción no se gana sólo con leyes; requiere ciudadanía activa, vigilancia social y mecanismos de seguimiento institucional”, expresó Guerra Ochoa, al defender el modelo de Parlamento Abierto que promueve esta Legislatura.

La legisladora también destacó la creación del Comité de Ética del Congreso como un paso relevante para prevenir conductas indebidas dentro del Poder Legislativo y fortalecer el cumplimiento de las normas internas. No obstante, reconoció que aún queda pendiente la armonización legislativa con la reciente reforma federal en materia de transparencia, aunque aseguró que existe voluntad política para avanzar en ese sentido.

En su intervención, también mencionó la necesidad de fortalecer las capacidades de instituciones clave como la Fiscalía Anticorrupción y la Auditoría Superior del Estado, señalando que la impunidad sigue siendo uno de los principales obstáculos en la lucha contra la corrupción en Sinaloa.

El conversatorio contó con la participación destacada de María del Carmen Nava, comisionada del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, quien reconoció el impulso institucional de Sinaloa en esta materia y elogió la instalación del Comité de Ética del Congreso, así como la implementación de acciones concretas de Parlamento Abierto.

“Cuando hablamos de Parlamento Abierto no se trata solo de transmitir sesiones, sino de incorporar sistemáticamente mecanismos de evaluación, seguimiento legislativo y participación ciudadana en la toma de decisiones”, señaló Nava.

Asimismo, enfatizó que la transparencia y el acceso a la información son derechos fundamentales que empoderan a la ciudadanía, permiten ejercer control sobre el poder público y fortalecen la integridad democrática.

Por su parte, María Esther Bazúa Ramírez, titular del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Culiacán, compartió los avances del municipio en la implementación del sistema anticorrupción, destacando que Culiacán fue pionero en la carga de sanciones administrativas en la Plataforma Digital Nacional, además de haber consolidado comités de ética en todas sus dependencias.

Desde la sociedad civil, Gustavo Rojo Navarro, director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, hizo un llamado urgente para acortar los tiempos en los procesos de fiscalización, ya que —dijo— la lentitud institucional desalienta la participación ciudadana y perpetúa la impunidad. Propuso reformas para establecer plazos obligatorios en la atención a denuncias y mejorar los mecanismos de designación de titulares de órganos internos de control en los municipios.

El evento fue convocado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, a través del Comité de Participación Ciudadana que preside Lucía Mimiaga León, quien insistió en la necesidad de construir una red ciudadana sólida, crítica y proactiva como eje de una gobernanza más honesta.

Al conversatorio asistieron legisladoras y legisladores locales, académicos, titulares de órganos internos de control, representantes de organismos autónomos, periodistas y actores sociales comprometidos con la transparencia.