“Proponemos reformas al Código Penal de Sinaloa para que contemple penas más severas en caso de que los afectados sean menores de edad”: Diputados del PAS.

Culiacán, Sin.- Diputados de la 65 Legislatura dieron primera lectura a iniciativa propuesta por la diputada Angélica Díaz Quiñonez y diputado Víctor Antonio Corrales Burgueño, que tiene como objetivo aumentar las sanciones en el Código Penal del Estado, por el incumplimiento de las obligaciones alimentarias con penas más severas en caso de que los afectados sean menores de edad.

También se propone hacer el proceso judicial más ágil y accesible para acreditar este incumplimiento sin requerir de un juicio familiar previo, con implementación de medidas preventivas como la garantía de pago por parte del deudor alimentario y la responsabilidad penal si no cumple con este compromiso. Se lee en la iniciativa presentada que se impondrá prisión tres a cinco años de prisión y de cien a cuatrocientos días multa al que dolosamente se coloque en estado de insolvencia. La iniciativa fue turnada para programar su segunda lectura tal y como lo marca el proceso legislativo.

En el Partido Sinaloense reconocemos que el derecho a la alimentación es un derecho humano fundamental, reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25, que establece que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.

De esta manera, el Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense; diputado Víctor Antonio Corrales Burgueño y diputada Jesús Angélica Díaz Quiñónez y ciudadanos sinaloenses, buscamos garantizar el interés superior del menor con la garantía por parte del deudor alimentario del pago de alimentos hasta cuando menos por un año ante la autoridad judicial de que en lo sucesivo pagará lo que le corresponda y en caso de incumplimiento con la orden judicial de hacerlo, lo realice falsamente u omita otorgar la garantía correspondiente, se le impondrá de una penalidad de cinco años de prisión, y de noventa a ciento ochenta días multa