La Dirección del Registro Civil estará obligada a implementar medidas para facilitar de manera gratuita el registro de nacimientos de este sector vulnerable

Culiacán, Sin.- Con el propósito de garantizar el derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes hijos e hijas de personas que laboran como jornaleras y jornaleros agrícolas en la entidad, incluyendo migrantes e indígenas, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó por unanimidad, en Sesión Ordinaria de este jueves, la adición del artículo 1097 Bis al Código Familiar.

El dictamen emitido por la Comisión de Atención a la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes del Poder Legislativo, establece que con esta reforma, la Dirección del Registro Civil estará obligada a implementar medidas para facilitar de manera gratuita el registro de nacimientos de este sector vulnerable, a través de campañas que deberán realizarse al menos dos veces por ciclo agrícola en las zonas donde se ubiquen los campos de cultivo, así como mediante módulos itinerantes.

El documento menciona que la iniciativa, impulsada por diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Morena, responde a la necesidad de atender a los hijos e hijas de trabajadoras y trabajadores agrícolas, que por su condición de migrantes, indígenas o de movilidad interna, enfrentan dificultades para acreditar su identidad, lo que los coloca en situación de vulnerabilidad y les impide ejercer otros derechos como el acceso a la educación, la salud o la protección social.

Es por eso que se destacó que la falta de registro de nacimiento implica una violación a los derechos humanos y limita el acceso a servicios básicos, exponiendo especialmente a las niñas y niños a situaciones de discriminación, trata de personas y explotación laboral.

Además, la Comisión dictaminadora subrayó que contar con un acta de nacimiento no solo otorga identidad legal, sino que es la puerta de entrada para el ejercicio de todos los derechos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales.

Como contexto, el dictamen explica que en Sinaloa, cada año arriban entre 200 mil y 400 mil personas trabajadoras del campo, principalmente indígenas migrantes provenientes de estados como Guerrero, Oaxaca y Chihuahua, así como jornaleros sinaloenses que se trasladan de las zonas serranas a los valles agrícolas; de esta población, una cuarta parte son menores de 14 años y muchos de ellos carecen de registro de nacimiento, lo que se traduce en una seria problemática social.

Con esta reforma, el Poder Legislativo de Sinaloa refrenda su compromiso con el cumplimiento de los derechos humanos y contribuye a cerrar las brechas de desigualdad que enfrentan los sectores más vulnerables, especialmente las niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad, garantizando su derecho a la identidad y con ello su acceso a una vida digna y con oportunidades.