Culiacán, Sinaloa.- Ante las inquietudes generadas por la denominada “ley espía”, el diputado local Rodolfo Valenzuela Sánchez aseguró que la Reforma de Telecomunicaciones 2025 no representa una amenaza a la privacidad ni a la libertad de expresión, sino que busca fortalecer los derechos de las y los ciudadanos en el entorno digital.

“La reforma no permite censura, ni vigilancia arbitraria, ni persecución política. Por el contrario, garantiza el respeto a la libertad de expresión, protege la privacidad de los usuarios y establece un marco legal y técnico para mejorar la seguridad digital de todas y todos”, afirmó.

Valenzuela explicó que la colaboración de los concesionarios de telecomunicaciones con las autoridades ya está contemplada desde 2014 en el artículo 183 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esta disposición establece que la localización geográfica en tiempo real de dispositivos móviles sólo puede realizarse con la solicitud del Ministerio Público y la autorización de un juez de control.

“No se están creando nuevas facultades para espiar a la población. Esta reforma no amplía atribuciones, sino que refuerza el principio de control judicial sobre cualquier acción que implique la intervención de comunicaciones o datos personales”, detalló.

Asimismo, el legislador recordó que el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales regula la intervención de comunicaciones privadas y prohíbe expresamente su uso arbitrario, exigiendo siempre una orden judicial debidamente fundada y motivada.

“Que quede claro: no se crean nuevos instrumentos de espionaje. Lo que se fortalece es el marco jurídico para proteger a las personas frente a delitos digitales, bajo un sistema de supervisión judicial”, enfatizó.

En ese sentido, respaldó las recientes declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien señaló que “la inteligencia no significa persecución ni vigilancia indiscriminada, sino actuar con información verificada, dentro de la ley y en coordinación con las instituciones”.

Para Valenzuela, este principio resume con claridad el espíritu de la reforma: dotar al Estado de herramientas legales, reguladas y fiscalizadas que permitan prevenir delitos y salvaguardar los derechos de la ciudadanía en el ámbito digital.

Además de blindar la privacidad de los usuarios, la reforma —dijo— permite actuar con eficacia frente a delitos reales como fraudes, extorsiones, suplantación de identidad y violencia en línea, siempre con supervisión judicial y estricto respeto a los derechos humanos.

“Esta reforma también impulsa la conectividad en comunidades marginadas y contribuye a cerrar brechas tecnológicas que han perpetuado desigualdades durante años”, agregó.

Finalmente, Valenzuela dejó en claro que no es posible espiar a los ciudadanos sin una orden judicial, ni bloquear contenidos sin un procedimiento legal. Tampoco se otorgan nuevas facultades a las autoridades para vigilar arbitrariamente a la población.

“La Reforma de Telecomunicaciones no restringe derechos: los protege. No crea espionaje, sino inteligencia institucional con límites definidos y supervisión judicial. Se trata de una reforma moderna, legal y responsable”, concluyó.