La COUC en Sinaloa alerta sobre pérdidas millonarias para los agricultores locales, mientras el maíz transgénico importado desplaza la cosecha nacional y pone en riesgo la economía rural y la soberanía alimentaria.
Culiacán Sinaloa, jueves 29 de mayo de 2025. – Agustín Espinoza Lagunas, secretario general de la Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina (COUC) en Sinaloa, alertó sobre la difícil situación que enfrentan los productores de maíz en la entidad en este cierre de ciclo productivo, debido a la caída en los precios y la competencia desleal por importaciones masivas.
En plena temporada de cosecha, el precio del maíz en Sinaloa ronda los 6,200 pesos por tonelada, cifra insuficiente para cubrir costos y garantizar un ingreso justo para los agricultores. Espinoza Lagunas destacó que, en condiciones equitativas, el precio debería ser de al menos 7,000 pesos por tonelada. La diferencia de 800 pesos representa pérdidas millonarias, afectando directamente la economía de las familias campesinas y el futuro del campo sinaloense.
El dirigente señaló que la principal causa de esta crisis es la importación desmedida de maíz amarillo, en su mayoría transgénico, que satura el mercado nacional justo cuando los productores locales comercializan su cosecha de maíz blanco. Aunque en febrero de 2025 se derogó el decreto que prohibía el maíz transgénico para consumo humano —tras un fallo del TMEC—, Espinoza Lagunas advirtió que esta medida ha incrementado la vulnerabilidad de los agricultores.
“Se argumenta que no hay evidencia científica contundente sobre riesgos a la salud, pero persisten dudas sobre sus efectos a largo plazo, especialmente en México, donde el maíz es base de nuestra alimentación”, afirmó. Más allá del debate, recalcó que el verdadero problema es el daño económico a los productores, quienes exigen políticas que protejan su actividad en lugar de favorecer intereses externos.
La COUC hizo un llamado urgente a las autoridades para implementar medidas que estabilice los precios, regulen las importaciones y apoyen al sector agrícola, evitando que el campo sinaloense sea sacrificado por decisiones que benefician a terceros en detrimento de la soberanía alimentaria y la economía local.