Culiacán, Sinaloa.— La economía sinaloense atraviesa una de sus etapas más críticas en décadas. De acuerdo con el empresario Eduardo Ortiz, los indicadores actuales revelan un deterioro severo que requiere con urgencia la intervención del Gobierno Federal mediante una declaratoria de contingencia económica.

Con una caída acumulada del -3.9% en el Producto Interno Bruto (PIB) estatal al cierre de 2024 y sin señales de recuperación en lo que va del 2025, Sinaloa se coloca entre los tres estados con peor desempeño económico del país, según cifras del INEGI.

El desplome más alarmante se presenta en el sector agrícola, donde la actividad primaria reporta una contracción del -28.6%, la más grave a nivel nacional. La situación se agrava con el cierre masivo de negocios —495 tan solo en el centro de Culiacán— y la pérdida de más de 27 mil empleos formales durante el primer trimestre del año, principalmente en el sector comercio, severamente afectado por la inseguridad.

“El estado enfrenta una tormenta perfecta: violencia estructural, una sequía histórica sin respuesta federal, y la total ausencia de herramientas específicas para enfrentar la crisis”, señaló Ortiz.

La violencia ligada a conflictos internos del crimen organizado ha generado desplazamientos forzados, saqueos y la paralización comercial de amplias zonas urbanas. Paralelamente, la sequía mantiene a más de 200 comunidades en emergencia, con presas al 7% de su capacidad y sin que se haya emitido una declaratoria de desastre por parte del gobierno federal.

Frente a este panorama, Ortiz propone una declaratoria federal de emergencia económica, similar a la que se activó durante la pandemia de COVID-19. Esta figura permitiría el despliegue inmediato de apoyos fiscales, reestructuración de créditos empresariales, subsidios temporales y líneas de financiamiento a tasa cero para reactivar la economía local.

El llamado va dirigido al gobernador Rubén Roya Mocha, al Congreso de la Unión y al Gobierno Federal. Se propone la instalación de una mesa nacional de recuperación económica con la participación de la SHCP, Banxico, CNBV, INEGI, la Secretaría de Economía y autoridades estatales y municipales.

“Las empresas sinaloenses no pueden seguir esperando. Necesitamos una respuesta coordinada y urgente del Estado mexicano para evitar un colapso mayor”, concluyó.